La solución a la sueca
El país escandinavo reduce en dos tercios el número de prostitutas desde 1999 con su política abolicionista
Suecia fue en 1999 el primer país en implantar una ley abolicionista de la prostitución, ante el escepticismo de las fuerzas policiales de otros países. Se trataba de condenar la compra de sexo, independientemente de si la prostituta obraba por propia voluntad o de manera forzada. Penalizaba únicamente a la clientela, al tiempo que ponía a disposición de las personas prostituidas una serie de mecanismos para que, si lo deseaban, pudieran dejar la actividad y obtener un empleo.
Según fuentes policiales del país nórdico, la ley que ahora cumple 16 años ha permitido mantener a raya las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual, así como reducir la actividad. El número de prostitutas ha disminuido dos tercios, asegura la policía. Además, perseguir a la demanda ha sido, sostienen, la mejor manera de proteger a las víctimas de tráfico.
“El hecho de no haber lugar a una industria del sexo, a un mercado en el que sumergirse y tras el que operar, ha hecho que el negocio haya emigrado a tierras políticamente más propicias, como Alemania y Holanda”, explica la activista y escritora Kajsa Ekis Ekman, especialista en prostitución. Holanda y Alemania optaron por dar salida a la notable economía sumergida de la prostitución y engrosar su PIB con la actividad, por lo que procedieron a regular y/o legalizarla.
“Se pretendía que las prostitutas se beneficiarían de este modo del seguro social y podrían pagar sus impuestos, pero la realidad es otra: un informe del 2007 arrojaba que sólo un 1% de las prostitutas en Alemania se había registrado como tal”, apunta Ekis Ekman, autora entre otros del libro cuyo título traducido
sería Ser y ser comprada: prostitución, vientres de alquiler e identidad dividida.
Las 2.500 prostitutas que la policía tenía localizadas en 1998 en Suecia no pasan ahora del millar. Aunque está claro que la actividad se ha ido trasladando estos años de manera lógica a internet, un campo que también es investigado por la policía especializada en Suecia.
El agente Simon Haggstrom, de la unidad de prostitución en Estocolmo, tiene como cometido el arresto de clientes de sexo. Desde el año 2007 lleva arrestados cerca de 800 “compradores de seres humanos”. El protocolo de actuación implica que mientras un policía arresta al cliente, otra agente debidamente formada atiende a la prostituta y se interesa por sus necesidades y su eventual deseo de dejar la actividad. Algo que desde el punto de vista de quienes ven la prostitución como un trabajo por regular resulta a menudo paternalista. De este modo, alegan, se victimiza incluso a las prostitutas que ejercen libremente.
“Quienes quieren legalizar piensan que por siempre más habrá prostitutas y que lo que hay que hacer es cambiarles el nombre, llamarlas trabajadoras del sexo, darles otras condiciones de trabajo, que tengan una toalla más limpia, condones al alcance y un teléfono al que llamar si un cliente le pega... Pero ninguna mujer nace para puta, y eso es lo que dice la ley aquí”, concluye Ekis Ekman. “Y si se les da una opción de salida, la mayoría la quiere tomar, algo cada vez más difícil en lugares como Holanda o Alemania, donde la práctica está ya tan aceptada”.
Penalizar la compra de sexo ha sido, según la policía sueca, la mejor manera de proteger a las víctimas de trata