Maduro desafía a la oposición a convocar un referéndum para echarle
El líder venezolano acusa a los antichavistas de preparar un “golpe parlamentario”
La guerra entre poderes comenzó en Venezuela. Tras la ceremonia de constitución de la nueva Asamblea Nacional, dominada por la oposición, terminaron 17 años de hegemonía chavista en todas las instituciones del Estado y, de inmediato, arrancó la batalla por la supervivencia o el fin del régimen bolivariano. Ayer, en la primera sesión ordinaria de la Cámara, los dos bandos enfrentados en el legislativo pusieron sus cartas sobre la mesa, desde posiciones hasta ahora irreductibles.
Por lo pronto, el frente antichavista tomó juramento a los tres diputados opositores cuya elección impugnó el oficialismo y sobre quienes el Tribunal Supremo –bajo control absoluto de la revolución– emitió una medida cautelar para suspender su investidura. Acto seguido, el número dos del régimen y ahora legislador raso, Diosdado Cabello, abandonó el hemiciclo y anunció que el Partido Socialista Unido de Venezuela denunciará ante el Alto Tribunal a la directiva opositora del parlamento por desacato. “Ninguna ley que salga de esta Asamblea Nacional es válida, será nula y no se publicará”, dijo Cabello.
El incidente encendió los ánimos, ya caldeados desde el día anterior, cuando el nuevo presidente de la Cámara, el socialdemócrata Henry Ramos Allup, anunció que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) propondrá “en un lapso de seis meses” un mecanismo “para cambiar el gobierno por vía constitucional”. El artículo 72 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que todos los cargos y magistraturas de elección popular pueden ser revocados mediante consulta en las urnas una vez transcurrida la mitad del periodo para el que fueron designados. El mandato de Maduro se inició en abril del 2013 y podría ser cuestionado en abril de este año.
La oposición no ha precisado aún si utilizará esa herramienta constitucional. Maduro, en cambio, parece dar por hecho que deberá enfrentarlo. Poco después del inicio de la nueva legislatura, el presidente venezolano retó a la MUD a organizar una consulta. “Que convoquen un referéndum revocatorio y el pueblo decidirá”, dijo a la televisión oficial, denunciando que los partidos antichavistas han tratado de sacarlo del poder como hicieron con el desaparecido caudillo revolucionario Hugo Chávez. “No es nuevo”, dijo el presidente sobre las intenciones de sus adversarios, para luego advertir que encarará con firmeza cualquier otra iniciativa para destituirlo. “Si ellos vienen por otras vías, será también con la Constitución en la mano el pueblo quien decida, y ahí estaré yo como presidente de la República, respaldando la defensa de la democracia y la estabilidad con mano de hierro. A mí no me van a hacer ni retroceder ni temblar. Yo estoy muy tranquilo”, aseguró. Maduro amenazó también a los legisladores que impulsen su eventual revocación y les dijo que su inmunidad no será impunidad si “conspiran con un golpe parlamentario”.
La reacción del presidente chavista no sorprendió y profundiza la decisión del oficialismo de torpedear la acción legislativa de la nueva mayoría opositora en la Cámara. La estrategia de bloqueo comenzó inmediatamente después del triunfo de la MUD, el 6 de diciembre, con acciones como la creación de un congreso paralelo –el Parlamento Comunal–, la impugnación de los resultados electorales en varias circunscripciones –que han impedido la toma de posesión de tres diputados de la oposición– y el uso fuera de plazo de los poderes habiltantes, que facultan al jefe de Estado para legislar por decreto.
En las horas previas a la apertura de la nueva Asamblea Nacional, Maduro promulgó un paquete de 16 leyes, varias de ellas orgánicas, para limitar el margen de maniobra de los antichavistas, si bien sus poderes habilitantes expiraron el 31 de diciembre. La más llamativa es la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela (BCV), que otorga su control al jefe del Ejecutivo. El nuevo texto, inconstitucional según todos los expertos consultados, elimina la potestad de la Asamblea Nacional para designar y ratificar a los directivos de la institución y se la otorga al presidente. También estipula que la información de los índices macroeconómicos podrá ser secreta o confidencial, si así lo deciden las autoridades del banco, y abre la posibilidad de financiar al gobierno sin control de ningún órgano fiscalizador.
Hace más de un año que el BCV no publica información sobre el estado de la economía venezolana, que atraviesa una grave crisis por la escasez generalizada de alimentos y productos básicos y con una inflación estimada cercana al 200%. La oposición sostiene que la debacle sólo puede ser contrarrestada con el fin del modelo centralizado bajo control del régimen chavista y plantea como condición indispensable la salida del poder del oficialismo. Maduro, que desde hace un mes pidió la dimisión de todo su gabinete y gobierna en solitario, ha prometido un plan de emergencia para resolver los problemas de abastecimiento, que atribuye a una supuesta guerra económica orquestada por la derecha contra su gobierno.
La MUD anuncia que lanzará en seis meses un mecanismo “para cambiar el Gobierno por vía constitucional”