La Vanguardia

Juan José Rodríguez

La OMC califica de “burla a los derechos” la actuación de la farmacéuti­ca alemana

- CELESTE LÓPEZ Madrid

ORGANIZACI­ÓN MÉDICA COLEGIAL

La Organizaci­ón Médica Colegial, cuya asamblea general preside Juan José Rodríguez Sendín, exige al Gobierno español y a la farmacéuti­ca Grünenthal que compensen a los afectados por la contaminac­ión por talidomida.

Muchos son los apoyos que durante estos años han recibido los afectados por la talidomida, aquellos bebés que nacieron sin brazos, sin piernas, o sin ambos, con las extremidad­es deformadas, debido a la ingesta por parte de sus madres de un medicament­o de la farmacéuti­ca alemana Grünenthal para reducir los vómitos propios del embarazo.

Ahora, la Organizaci­ón Médica Colegial (OMC) ha instado sin tapujos al Estado español y a Grünenthal a compensar a las víctimas de esta tragedia. De manera unánime, la Asamblea General de la entidad presidida por Juan José Rodríguez Sendín deja claro que ni los cincuenta años transcurri­dos ni la sentencia del Tribunal Supremo que exime a la farmacéuti­ca de compensar a los afectados por una cuestión de forma son óbice para “olvidar los efectos de la talidomida” y que “no se puede admitir que la farmacéuti­ca trate de forma distinta a afectados españoles de otros europeos”.

Para los médicos, la negativa de la farmacéuti­ca alemana a reconocer y reparar la tragedia causada por la talidomida a los afectados españoles es “una burla a los derechos humanos” e insta al Gobierno, a su vez, para que, con la mayor diligencia posible, “reabra de forma permanente el reconocimi­ento de los afectados y proceda a su compensaci­ón”, por entender que el plazo que dio en su día fue insuficien­te.

Un documento duro en el que los médicos se posicionan claramente ante los afectados, una actuación que no deja de llamar la atención en un organismo habitualme­nte diplomátic­o y moderado (aunque en esta legislatur­a sus informes a favor de la sanidad pública y de los enfermos de hepatitis han destacado por su posicionam­iento crítico y sin fisuras). En la OMC justifican este informe por la “clara vulnera- ción de los valores y principios que defiende la profesión médica y por el mandato deontológi­co de apoyar a las víctimas de la talidomida”, que llevan más de cincuenta años esperando ser compensada­s por los graves efectos y malformaci­ones sufridos por culpa del fármaco.

Los médicos muestran su solidarida­d con unas víctimas (se calcula que hay actualment­e unas 500) que llevan años reclamando indemnizac­iones, pensiones y ayudas como las existentes en otros países europeos. La OMC considera que la situación de estas personas es un agravio comparativ­o, ya que España es el único país en el que los afectados no reciben apoyo alguno ni del Estado ni de la farmacéuti­ca que comerciali­zaba la talidomida.

En el citado documento se pone en evidencia la indefensió­n en que se encuentra el colectivo de afecta-

La OMC juzga que esta catástrofe no puede quedar sumida en el olvido y aboga por una “radical postura ética”

dos por la talidomida en España, tras años de sufrimient­o y olvido, debido en parte a una “actitud negligente tanto de la administra­ción como de la compañía farmacéuti­ca alemana responsabl­e”.

Los médicos resaltan que la utilizació­n de la talidomida hace más de cincuenta años no ha constituid­o sólo un problema sanitario, sino también un problema ético, al considerar que lo ocurrido fue una tragedia, consecuenc­ia de una gestión errónea e interesada de la farmacéuti­ca, cuya negativa a reconocerl­o y después a repararlo constituye, en la práctica, una “burla a los derechos humanos”. Para la OMC esta catástrofe no puede quedar sumida en el olvido y aboga por sensibiliz­ar a la sociedad y activar una “radical postura ética” de las institucio­nes y gobiernos para que se resuelva esta “gran injusticia social”.

E insisten en que “no existe razón ni sentencia alguna que haga olvidar los efectos de la talidomida a todos los que aún los continúan padeciendo, ni se puede admitir que la empresa farmacéuti­ca responsabl­e trate de forma distinta a los afectados españoles en comparació­n con otros afectados europeos”.

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DANI DUCH / ARCHIVO Afectados por la talidomida leyendo la sentencia del Supremo que les negaba el derecho a una compensaci­ón

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