Párrafo de énfasis
En el caso de que el director financiero de una empresa del Ibex 35 desviase fondos sociales sin justificación alguna, el presidente tendría que dimitir, no por ladrón, pero sí por incompetente. Se le diría: ¿cómo pretende usted asumir las responsabilidades de esta empresa si no se entera de lo que hacen sus colaboradores más próximos? Y si, astuto, se embarcase en un descarrío, que genera una pérdida continuada de mercado y de beneficios, sería fulminado.
¿Por qué empeñamos tanto esfuerzo en preservar la libre competencia, la obligación de información, la limitación de las manipulaciones de mercado y cuando se trata de lo político, todo lo equivalente lo tiramos a la basura? ¿A ton de qué estaríamos, como ciudadanos, menos protegidos que como accionistas, recibiendo menos información y menos garantías de que la información sea veraz?
Los auditores utilizan, ex abundantia cordis, la expresión “párrafo de énfasis” para hacer una advertencia, enfatizar un asunto que consideran importante o señalar incertidumbres –susceptibles de generar dudas– sobre la capacidad del auditado para poder continuar su actividad. Las tres palabras fantásticas no dejan de tener detractores que las perciben como gaseosas y entienden que están pensadas para salvar responsabilidades.
La proliferación de concursos de acreedores pone de relieve la urgencia en alertar sobre riesgos derivados de la revisión de cuentas, con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos con los que accionistas, empleados, clientes y proveedores toman sus decisiones.
Los partidos que concurrían a la reciente campaña electoral con expectativas razonables tendrían que haber aclarado sus posiciones frente a eventuales acuerdos de coalición, que se sabían precisos para la gobernabilidad. La decencia también exigiría que los futuros electores hubieran conocido, en detalle, los antecedentes antes de depositar su papeleta. Pero esto no se hace porque de lo que se trata es de alcanzar o consolidar el poder.
Los datos de la auditoría pública que lleva a cabo el Tri- bunal de Cuentas, cada cuatro años, para fiscalizar el gasto de dinero público, ni suelen conocerse a tiempo ni tienen efectos sancionadores inmediatos, por lo que el común de los mortales no está en condiciones de hacer su seguimiento. Aún así, sería saludable revisar las contingencias –litigios pendientes, incertidumbres y circunstancias que pueden despertar dudas sobre su propia subsistencia– de los partidos antes de que comparez- can a nuevos comicios. Difícil intento teniendo en cuenta los malos modos al uso.
Recorriendo las contingencias de carácter penal –casi todas por casos de corrupción– que siguen sub iúdice y afectan a Partido Popular, Partido Socialista y Convergència Democràtica de Catalunya, nos encontramos con que las pasadas elecciones se han celebrado con cuatro expresidentes autonómicos pendientes de juicio, dos de ellos por un supuesto mal uso de fondos públicos –fraude de los ERE–, otro por una sarta de supuestos delitos relativos al uso impropio de bienes públicos, y uno más por haber convocado un referéndum con supuesta desobediencia de los mandatos legales e institucionales.
A esto hay que añadir sedes embargadas o bajo sospecha –una docena de Convergència y la central del PP–; tres tesoreros, en distintos momentos, encarcelados, uno de ellos acusado de esconder la bagatela de cuarenta millones de euros en Suiza sin aclarar su procedencia ni sus posibles cómplices; familias enteras de políticos bajo la lupa de policías, jueces y fiscales (la más significativa la de quien virreinó durante más de treinta años en Catalunya e insinuó algo sobre el “árbol y las ramas” en una comisión de investigación del Parlament); más de cuatrocientos imputados y un exvicepresidente para Asuntos Económicos investigado por fraude fiscal y otros potenciales delitos.
Esta simple relación desborda lo que los auditores tratarían como un simple párrafo de énfasis. Se trata, más bien, de varios tomos de trapisondas de distinta cuantía que ayudan a explicar los resultados con los que los electores han castigado a los tres partidos. No debería volver a celebrarse una campaña electoral sin dar previamente explicaciones detalladas a la junta de accionistas –treinta y seis millones de electores– de las incidencias ocurridas y pendientes de sanción en el ejercicio de cuatro años, antes de que los electores emitan un voto que les compromete para otros cuatro años.
El párrafo de énfasis es un remedo del semáforo circulatorio en ámbar. Pero lo que hay aquí es un cúmulo de luces rojas suficiente para que no se mire hacia otro lado, como si no pasase nada. La sanción moral comienza a desperezarse y ser una realidad en las urnas, pero los culpables y sus cómplices tienen que sentir el repudio social y después pasar por la caja de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para devolver lo robado o reparar el importe íntegro del daño causado.
Así que, sin cambios profundos, no hay párrafo de énfasis que valga.
Sería saludable revisar las contingencias de los partidos antes de que comparezcan a nuevos comicios