Matas ofrece su palacete para reparar daños por el caso Nóos
La medida podría ser la antesala para admitir su responsabilidad
El expresidente de Baleares Jaume Matas movió ayer ficha en vísperas del inicio del juicio oral sobre el caso Nóos, al presentar un escrito en el que admite que pudo causar daños al interés general cuando benefició a las empresas de Iñaki Urdangarin, mostrándose por ello dispuesto a colaborar con la justicia. La cuantía de ese perjuicio a los fondos públicos se elevaría a 2,6 millones de euros utilizados para pagar al Instituto Nóos, que dirigía el entonces duque de Palma. De esa cifra, 2,3 millones de euros correspondieron a la organización y celebración de dos foros sobre turismo y deporte.
En medios jurídicos se estima que Matas ha dado con esta iniciativa un primer paso que podría llevarle a reconocer alguno de los delitos que se le imputan en el marco del caso Nóos, que el lunes empieza a juzgarse en Palma. La defensa del que fuera ministro de Medio Ambiente ha puesto a disposición del Tribunal el palacete que posee en la capital balear para “reparar el daño causado”. Un hecho que, según dichas fuentes jurídicas, supondría la antesala de una admisión de responsabilidad y una confesión que a su vez conllevarían la aplicación de una circunstancia atenuante ante una posible condena.
De hecho, Matas se enfrenta a una petición de once años de prisión, como supuesto autor de los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.
Se trata, en suma, de un conjunto de cinco graves infracciones penales que supuestamente habría cometido al adjudicar de manera irregular diferentes contratos al Instituto Nóos.
El escrito presentado por la defensa de Matas ante la Audiencia de Palma deja entrever sus intenciones. “El ofrecimiento implica la voluntad de reparar el daño causado”, sostiene la defensa del expresidente balear, al tiempo que se manifiesta su predisposición a “llevar a cabo cualquier acto jurídico que sea requerido para que pueda obtenerse la reparación que se pretende sobre el bien que se ofrece”. En concreto, Matas ha ofrecido la mitad de la vivienda que posee junto a su mujer en una céntrica calle palmesana.
Se trata de una lujosa vivienda de más de 500 metros cuadrados en un palacete, una propiedad que en su día fue tasada en cerca de 2,4 millones de euros. La instrucción del caso Nóos ha convertido las dependencias del palacete en cuestión en uno de los iconos del sumario, como símbolo de una etapa pródiga en asuntos de corrupción y despilfarro. Todo después de que se hicieran públicos algunos detalles
de la decoración del palacete que incluían, por ejemplo, varios accesorios cuyo valor individual era de unos 400 euros.
En estos momentos, según la documentación aportada al tribunal, la vivienda que Matas ofrece como aval para reparar el daño causado, está afectada por diversos gravámenes, incluida una hipoteca. No obstante, los abogados insisten en precisar que ninguna de ellas “disminuye su valor”. De la hipoteca que pesa sobre el palacete de la Calle Sant Feliu de Palma está pendiente el pago una cantidad de 484.552 euros.
El escrito de la defensa de Matas, de dos páginas de extensión, ha quedado registrado en la Audiencia de Palma sólo tres días antes de que comience el juicio del caso Nóos. La iniciativa del expresidente del Gobierno balear supone un giro en su estrategia, si se tiene en cuenta que hasta la fecha había mantenido que Jaume Matas no había incurrido en responsabilidades penales en este asunto. Ahora no se reconocen de forma explícita, pero se acepta que puede haber daños que reparar por una actuación que quizá causó daños a terceros, en concreto a los fondos públicos.
En todo caso, Jaume Matas ya ha cumplido nueve meses de prisión por una condena anterior por hechos relacionados con delitos de corrupción. Precisamente, esta condena previa ha llevado al fiscal a solicitar además de la pena de prisión un total de 20 años de inhabilitación absoluta y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El expresidente balear se enfrenta a una petición de once años de prisión por cinco delitos