Una infanta en el banquillo
La Audiencia de Palma juzga el caso Nóos
La infanta Cristina y 16 acusados más se sientan mañana en el banquillo por el caso Nóos, que llega a su fase decisiva, el juicio oral, tras cinco años de investigaciones. Se juzgan supuestos delitos contra Hacienda y amaño de contratos públicos. La Fiscalía no acusa penalmente a la infanta, pero la estima responsable civil a título lucrativo por valor de 587.413 euros. El sindicato Manos Limpias, en ejercicio de la acción popular, considera a su vez que fue autora de dos delitos fiscales y pide que sea condenada a ocho años de prisión.
Junto a la infanta se sentarán su esposo, Iñaki Urdangarin, cuyas sociedades llevaron a cabo el fraude, y el exsocio principal del exduque de Palma, Diego Torres, cuya estrategia de defensa ha pasado por sostener que la infanta y la Casa Real tuvieron pleno conocimiento de las actividades de Nóos y las sociedades creadas a su alrededor. Este testimonio puede ser, por tanto, clave en el proceso, así como los de otros tres acusados que han mostrado signos de arrepentimiento, siempre, claro está, que el tribunal les dé crédito. Uno de los que dijeron querer colaborar con la justicia es el excontable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro. Y también alguno de los cargos públicos que contrataron con Nóos y que forman el grueso de la lista de imputados.
Aún puede ocurrir, en todo caso, que la infanta Cristina quede fuera de la causa. La vista se iniciará con las cuestiones previas que quieran plantear las partes, y la defensa de la hermana del Rey invocará en su favor la doctrina Botín para pedir que el asunto sea sobreseído en cuanto a ella se refiere. La Audiencia de Palma puede decidir apartarla del procedimiento o resolver la cuestión cuando dicte sentencia.
En el primer supuesto, la infanta Cristina podría abandonar la sala inmediatamente. En el segundo, debería declarar y seguir en la vista durante el interrogatorio del resto de los acusados. Aunque, obviamente, su riesgo mayor en este supuesto no sería el de tener que permanecer en el banquillo, sino el de resultar condenada.
Miquel Roca, defensor de la infanta, dice afrontar la vista “con confianza”, porque “no sólo la ley”, sino varias decisiones precedentes del Supremo avalan la aplicación de dicha doctrina, que se invoca cuando no hay acusación del fiscal ni del perjudicado por el delito, en este caso Hacienda, que tampoco acusa a través de la Abogacía del Estado. Roca cree que mantener a la infanta en la vista supondría “una condena mediática” sin apoyo legal.
El juicio comienza una década después de que el entonces diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, denunciara el pago de más de un millón de euros a un organismo presidido por Iñaki Urgdangarin. Una factura que pagó el gobierno de Jaume de Matas por un Foro sobre Turismo y Deporte . Un acto cuya re-
La Fiscalía estima que la infanta no cometió delito y sólo tiene responsabilidad civil
percusión fue mínima. Tanto como la denuncia de Diéguez, que dormitó durante años hasta que, en el 2010 y a raíz de otra investigación por corrupción en la construcción del velódromo Palma Arena, se inician las averiguaciones sobre los convenios firmados entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos. Este organismo, dedicado al patrocinio y mecenazgo, estaba presidido, cuando se produjeron las supuestas irregularidades, por Iñaki Urdangarin.
Las primeras investigaciones trascendieron cuando los entonces duques de Palma ya habían fijado su residencia en Washington, ciudad a la que se trasladaron tras el nombramiento de Urdangarin como alto
Manos Limpias cree que la hermana del Rey incurrió en fraude a Hacienda Miquel Roca sostiene que su defendida debe ser excluida del juicio por la doctrina Botín
La investigación sobre Nóos se inició en el 2010 a raíz del sumario del caso Palma Arena
ejecutivo de Telefónica. Fue más tarde, en noviembre del 2011, cuando la investigación iniciada por el juez José Castro dio un vuelco y estalló el escándalo del caso Nóos tras ordenar el registro de las oficinas del Instituto en Barcelona. Es entonces cuando la Policía Judicial encuentra evidencias de nuevos contratos en la sede de la Generalitat Valenciana, se levanta el secreto del sumario y se produce la imputación Iñaki Urdangarin.
Pocos meses después , el 25 de febrero del 2012, Urdangarin baja la ya famosa rampa de los juzgados de Palma donde clama por su inocencia y defiende la total transparencia de sus negocios. Un extremo que no comparten ni el juez instructor ni la Fiscalía. Precisamente, el fiscal Pedro Horrach sostiene que el Instituto Nóos, a pesar de que la institución se presentaba como una organización sin ánimo de lucro, percibió entre el 2004 y 2007 más de seis millones de euros procedentes, presuntamente, de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.
La mecánica descrita por la Fiscalía y mediante la cual Urdangarin y su exsocio Diego Torres se beneficiaban de fondos públicos era sencilla. El Instituto Nóos conseguía
sin concurso previo contratos a los que fijaba precios “totalmente desproporcionados”. Un ejemplo de ello se dio en dos convenios firmados en el 2005 y 2006 con el Govern balear para organizar dos foros deportivos por importe de 1.200.000 euros y 1.085.000 euros, respectivamente, y en los que el desvío de fondos públicos alcanzó, según la Fiscalía, los 753.942,04 euros en el primer caso y los 624.340,97 euros en el segundo. La mayoría de este dinero era posteriormente desviado a la empresa Aizoon.
Precisamente la sociedad Aizoon es la que ha llevado a la infanta Cristina al banquillo. Fue constituida al 50 por ciento junto a su marido, y el magistrado considera que fue creada a propósito para recoger los fondos públicos desviados por el Instituto Nóos, pagar menos impuestos a Hacienda y obtener una cómoda fuente de financiación para los gastos particulares de la familia. El juez Castro sostuvo que doña Cristina tenía responsabilidades claras en todo ello. Un extremo que la hermana del Rey negó durante su declaración. La infanta aseguró, en efecto, que permaneció por completo ajena a la gestión de Aizoon, una empresa administrada por su marido, en quien –dijo– “siempre confié”.