Beata Szydlo
El Ejecutivo comunitario evalúa la situación tras las reformas de Kaczynski
PRIMERA MINISTRA DE POLONIA
Las reformas legales del Gobierno polaco para aumentar su control del Tribunal Constitucional y la televisión pública han llevado a Bruselas a evaluar la salud del Estado de derecho en el país. Es la primera vez que se recurre a la normativa.
Dejar de participar en el concurso musical de Eurovisión es el menor de los riesgos a los que en estos momentos se enfrenta Polonia. Las reformas legales adoptadas por su nuevo y ultraconservador Gobierno llevaron ayer a la Comisión Europea a activar por primera vez la normativa que permite evaluar la salud del Estado de derecho en un país de la Unión Europea. “El propósito del proceso lanzado es aclarar los hechos de forma objetiva, evaluar la situación en profundidad y empezar un diálogo con las autoridades polacas sin prejuzgar posibles pasos futuros”, explicó midiendo cada palabra Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea.
Todas las aproximaciones de la instituciones europeas han sido recibidas como una intromisión inaceptable por parte de Varsovia, de ahí los intentos de la Comisión por desdramatizar las consecuencias de su decisión, que define como “el comienzo del diálogo”. “Nuestro objetivo es resolver la situación, no entrar en ninguna polémica”, reiteró Timmermans al dar cuenta ante la prensa de la larga reunión mantenida ayer por el colegio de comisarios en que se aprobó la inédita decisión.
Bruselas ha reaccionado a una velocidad comparable a la fiebre legislativa del nuevo Gobierno polaco, encabezado por Beata Szydlo aunque teledirigido por Jaroslaw Kaczynski, presidente del partido Ley y Justicia (PiS). La intención es clara y va más allá de lograr cambios puntuales en la legislación polaca: frenar de raíz el intento de Polonia y la Hungría de Viktor Orbán de liderar una revuelta más amplia, con otros países del Este, contra algunos de los planteamientos estratégicos actuales de la Unión Europea y en particular del gobierno alemán. “Están convencidos de que es sólo el comienzo de un movimiento más grande”, sostienen fuentes diplomáticas, que citan las libertades públicas, la crisis de refugiados, las relaciones con Rusia como puntos clave de su ofensiva.
Desde su elección por una amplia mayoría el pasado 25 de octubre, el Ejecutivo polaco ha aprobado una reforma del Tribunal Constitucional que modifica la forma de elección de sus más altos cargos y potencialmente merma su capacidad de actuación al exigir mayorías de dos tercios; el Gobierno ha desoído recientemente dos de sus sentencias relacionadas con el nombramiento de nuevos jueces y la reducción del mandato del anterior presidente de la Corte, hecho calificado de “muy grave” por Timmermans.
El Gobierno polaco también ha adoptado una polémica ley de medios que estrecha el control sobre la radiotelevisión pública (su responsable será nombrado por el ministro de Finanzas) y le encomienda la misión de seguir la línea oficial marcada por el Gobierno y ensalzar la historia de Polonia; una segunda ley, todavía no aprobada, prevé el despido con tres meses de preaviso de todo el personal para que los nuevos gestores elijan su propio equipo. Estas reformas han hecho saltar las alertas también en la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora de Eurovisión, que ha pedido por carta al presidente polaco que no la firme pues sospecha que va en contra de sus estatutos y plantearía un problema, informó ayer el diario Financial Times.
La primera frase del procedimiento iniciado ayer –“el camino correcto” según el Gobierno alemán– consiste en pedir explicaciones al Ejecutivo afectado. Después, en marzo, se valorará si se trata de una violación de los principios del Estado de derecho y, de ser así, podría hacer recomendaciones para que revirtiera la situación. En última instancia se podría a suspender su derecho de voto en el Consejo. El objetivo del procedimiento iniciado ayer es abrir canales de diálogo con Varsovia y conseguir cambios precisamente sin llegar a usar esa “opción nuclear”.
La UE no sólo quiere frenar la presunta deriva antidemocrática en el país, sino abortar una rebelión en el Este