Un gravamen que refleje los costes ambientales

La prohibición de distribuir gratis las bolsas de un solo uso en Catalunya es una medida positiva que permitirá reducir su uso en el sector del comercio de proximidad. Este había aumentado el consumo de bolsas los últimos años, mientras que las cadenas de supermercados (al comenzar a cobrarlas) las habían reducido significativamente. También será beneficioso para los mercados de Barcelona, que quieren avanzarse a las directivas europeas en materia de reducción de las bolsas, lo que contribuirá a mejorar nuestro entorno.

Otras experiencias cercanas han aplicado esta medida. Desde 2013, Andorra prohíbe la distribución de bolsas de plástico de un solo uso y promueve la reutilización. En Formentera, desde el 1 de enero de 2015, se prohíben estas bolsas de plástico (incluyendo las oxobiodegradables) y los establecimientos tienen que cobrar un precio mínimo de 0,10 euros por cada bolsa biodegradable. En Catalunya se deberá garantizar el cumplimiento de la medida –que cuenta con el apoyo del comercio– por parte de los establecimientos y estar acompañado de un régimen sancionador. Sin embargo, el pago sólo visualiza el coste económico que comporta la bolsa para el comercio, pero no refleja el coste ambiental, que continúa siendo externalizado. Si el importe es bajo, no será tan disuasorio, y la medida no será tan efectiva como un gravamen ambiental, que sería más pedagógico y justo a nivel social, económico y ambiental.

Nuestra propuesta es un gravamen ecológico de 0,20 euros por bolsa que grave las bolsas de un solo uso como medida disuasoria de su producción y consumo y que revirtiera en un fondo económico de prevención de residuos para emprender campañas de educación ambiental. Con él, Irlanda, en 2002, redujo las bolsas en un 90% en sólo 3 meses. Esta es la propuesta que siempre hemos mantenido en la campaña “Catalunya libre de bolsas”.

En Catalunya debe garantizarse el cumplimiento de la medida y tener un régimen sancionador