Las minas del Bages
Bruselas estudia si se financió la limpieza de los residuos
La Comisión Europea ha iniciado una investigación en profundidad para dilucidar si las ayudas públicas recibidas por Iberpotash por la extracción de potasa son contrarias a las directivas comunitarias sobre la competencia.
La Comisión Europea anunció ayer que ha iniciado una investigación “en profundidad” para dilucidar si las ayudas públicas que recibió Iberpotash –del Estado y la Generalitat– por la extracción de potasa son contrarias a las directivas comunitarias por ser una ventaja que atenta a la competencia y por romper el principio de “quien contamina, paga”.
La investigación se ha abierto después de que la Comisión reci- biera en 2012 una denuncia contra Iberpotash por varias cuestiones, de las que, al final, las autoridades europeas han aceptado dos. Una de ellas se refiere a si la fianza depositada por la compañía extractora para realizar las gestiones de rehabilitación y restauración de los residuos en Súria (773.682 euros) y Sallent (1.130.128 euros) están muy por debajo de lo exigible por la normativa ambiental. Es decir, si se trata de una cantidad muy por debajo del daño que se produciría si la compañía realiza una mala gestión de los residuos o se niega a asumir sus responsabilidades en su tratamiento. A juicio comunitario, “si se confirma esta teoría, eso constituiría una ventaja financiera para la empresa”. Es como si se tratara de una ayuda encubierta por parte de la Administración.
El segundo aspecto que investigará la Comisión está relacionado con las ayudas de 7,9 millones de euros (4 del Estado y el resto, de la Generalitat) que Iberpotash recibió para recubrir con una capa geotextil la montaña de residuos de Vi- lafruns, que correspondían a la mina que la empresa tenía en Balsareny, y ya cerrada. En este caso, las autoridades comunitarias quieren conocer si al final se ha acabado pagando con dinero público una obra de tratamiento de residuos cuyo gasto corresponde asumir a la empresa contaminante. Si se ratifica, supondría “una in- fracción del principio de que ‘quien contamina paga’, porque sería una administración pública la que está asumiendo los costes de limpieza en vez de la empresa responsable de la contaminación”.
Fuentes de la empresa declararon a Europa Press que esta investigación tiene su motivación en una “guerra comercial”, ya que la denuncia fue presentada por una empresa de la competencia y dijo que los hechos investigados ya no son vigentes, porque la fianza fue revisada al alza en el 2015 y porque la cobertura de Vilafruns fue encargada por la Generalitat a otras empresas. El conseller de Medi Ambient, Josep Rull, afirmó que la Generalitat será “extraordinariamente prudente” a la hora de valorar esta investigación de la CE. Preguntado sobre si está de acuerdo con el principio de que “quien contamina, paga”, añadió que debe buscarse “un equilibrio” entre la conservación medioambiental y la actividad económica.
La empresa extractiva de potasa recibió 7,9 millones por tratar residuos que ella misma produjo