Fin a la generación Camps
Todos los hombres y mujeres clave del expresident han sido auditados por la justicia
Si alguien se detiene a observar fotografías del ex president Francisco Camps con los miembros de sus gobiernos o de la dirección del PP valenciano realizadas entre los años 2003 y 2011 se llevará una alarmante sorpresa. Porque la casi totalidad de esos hombres y mujeres han sido afectados por la acción de la justicia, ya sea como condenados, juzgados, imputados o investigados.
Es tal la metástasis de la corrupción en el PP valenciano que cobra fuerza la hipótesis de que durante esos años el partido desarrolló un método para saquear la Generalitat Valenciana, sus empresas públicas, las diputaciones provinciales y los principales ayuntamientos. O dicho de otro modo, no existe institución pública valenciana que no haya sido víctima de la corrupción bajo la presidencia de Francisco Camps. Con el fin no sólo del enriquecimiento personal, sino también para financiar presuntamente al PP.
La operación desarrollada ayer en Valencia, y no concluida, confirma un modelo de gestión que ha llevado al PP valenciano a ser el paradigma de la corrupción.
Pero el caso Taula, aporta una novedad, porque tiene en el punto de mira a la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá. Ella ha sido, junto al diputado nacional y exconseller de todos los ejecutivos de Francisco Camps, Gerardo Camps, la única gran política del equipo del ex president que ha logrado esquivar todas las investigaciones judiciales.
Como ejemplo, Rita Baberá se ha salvado de ser imputada y juzgada en el caso Nóos, mientras el que fuera su mano derecha, el vicealcalde Alfonso Grau, está sentado en el banquillo. Y en el caso de Gerardo Camps, no deja de ser llamativo que el hombre que gestionó la economía durante dos legislaturas, y responsable de la vigilancia de las Cajas de Ahorros, haya salido indemne de todos los pufos detectados. Ambos tienen la condición de aforados.
No han corrido la misma suerte todos los otros hombres y mujeres fuertes de Francisco Camps. El ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, detenido ayer, se suma así a Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón actualmente en prisión, y a las imputaciones contra el ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, implicado en el caso Brugal.
Alfonso Rus, amigo personal de Mariano Rajoy y de Rita Bar- berá, era una pieza clave de la estructura del partido. Ayudó a Francisco Camps en su batalla interna contra los seguidores del ex president Eduardo Zaplana. Su poder como presidente provincial le permitió actuar con total independencia, ya como alcalde de Xàtiva o como presidente de la Diputación.
Antes que él han caído bajo el peso de la ley figuras clave como el exconseller y hombre furete del PP Rafael Blasco, condenado a prisión por el caso Cooperación, el expresident José Luís Olivas, imputado por el caso Bankia; el exconseller y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, por el caso Taroncher; el econseller y líder del sector democristiano del PP valenciano, Juan Cotino; por una pieza separada del caso Gürtel referida a la visita del Papa a Valencia en el 2006.
Otros ex consellers esperan juicio; como Milagrosa Martínez, que fue también presidenta de las Cortes Valencianas, y Angelica Such, por el caso Fitur, otra pieza de Gürtel. Alicia de Miguel, Luís Rosado y Manuel Cervera también están imputados por Gürtel. La lista parece interminable, y afecta a más de 100 ex altos cargos del partido en la Comunidad Valenciana.
Francisco Camps, que fue absuelto junto a su mano derecha en el partido, Ricardo Costa, en el juicio del denominado caso de los trajes, vuelve a estar imputado. En esta ocasión, por el caso de la fórmula 1, por las subvenciones que la Generalitat otorgó a la sociedad Valmor Sports, que gestionaban José Luís Olivas, Fernando Roig y el campeón de motociclismo, Jorge Martínez Aspar. Y no hay semana en la que no aparezcan nuevos datos.
“Esto es una pesadilla que parece no acabar nunca”, reconoce una de las personas más cercanas a Isabel Bonig, nueva dirigente del PP valenciano.
Se refiere al hecho de que en pocos días, además de la macrooperación desarrollada ayer por la justicia, se ha conocido la imputación de la exdirectora del IVAM, Consuelo Ciscar, esposa de Rafael Blasco, por malversación, prevaricación y falsedad.
Ciscar fue nombrada por Francisco Camps en el 2004. Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana ha detectado graves irregularidades en la empresa Ciegsa, que el PP creó para construir colegios públicos. Un dato: uno de los detenidos ayer por la operación Taula, Máximo Caturla, fue gerente de Ciegsa. La firma arrastra una deuda de 1.700 millones de euros. El caso está en manos del fiscal.
El president valenciano,k Ximo Puig, suele destacar que “la corrupción en Valencia ha sido sistémica”, y no le falta razón. Los consellers del nuevo gobierno valenciano, del PSPVPSOE y Compromís, se siguen sorprendiendo de todo lo que van descubriendo en los diferentes departamentos. En especial, a la manera en la que el PP contrataba servicios con empresas externas. Algunas, como Orange Market, son ya objeto de amplia investigación judicial. Y aunque no existe ningún informe oficial, el periodista valenciano Sergi Castillo, que ha profundizado en la corrupción del PP en su obra Tierra de saqueo, apunta a que el agujero provocado por estas prácticas delictivas supera los 12.000 millones de euros. Extremo nunca desmentido por la actual administración.
Un saqueo protagonizado por una generación de políticos que, liderados por Francisco Camps, han ido cayendo uno tras uno bajo el peso de la ley. Ya casi no queda ninguno.
El alud de casos de corrupción apunta a un método generalizado de saqueo de lo público Hasta ahora, sólo Rita Barberá y Gerardo Camps se han librado de las imputaciones