Ballesteros denuncia una ‘persecución’ política
El alcalde de Tarragona declara ante el juez por las irregularidades en la contratación y pagos a la empresa Inipro, y admite sentirse “objetivo” de la CUP
El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), declaró ayer durante más de dos horas ante el juez que investiga las irregularidades en la contratación de la empresa Inipro, que debía potenciar el asociacionismo entre inmigrantes. Un servicio que se prorrogó sin convocar el correspondiente concurso durante dos años, tiempo durante el cual el alcalde firmó facturas (más de 200.000 euros en total) pese a tener hasta siete advertencias de ilegalidad. “Decretos de este tipo no son inhabituales y esto pasa porque la administración es lenta en los procesos de contratación y pago”, explicó el alcalde a la salida de los juzgado. Ballesteros afirmó sentirse “objetivo político” de la CUP, que llevó el caso a los juzgados.
“Me han puesto en el disparador cuando saben que mi responsabilidad es firmar estos decretos; si hay alguien que no ha cometido ninguna irregularidad, soy yo”, dijo el alcalde, que lamentó “que se haga política desde las instancias judiciales”. El titular del juzgado número 1 de Tarragona investiga a Ballesteros y a otras diez personas –entre ellas, al exgerente del Institut Muncipal de Serveis Socials, Antonio Muñoz), la concejal de la área del momento, Victoria Pelegrín, y el exresponsable de organización de las Juventudes Socialistas, Alejandro Caballero, contratado por Inipro– por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas. El resto de los investigados, otros militantes socia- listas contratados por Inipro, irán a declarar durante los próximos días.
Ballesteros se mostro tranquilo y confiado a la salida de los juzgados, tras responder a todas las preguntas que le formularon. “He venido a colaborar, hice lo que debía, las facturas se tenían que firmar”, dijo, y reiteró que “si los servicios se han prestado, es una obligación firmar porque, de lo contrario, el Ayuntamiento podría ser acusado de enriquecimiento indebido”. El alcalde insistió en que los “técnicos” le aseguraron que el trabajo estaba hecho, aunque ha reconocido que no ha visto ninguna memoria ni informe que lo acredite. Precisamente, en su auto, el juez cuestiona qué actividad hizo Inipro (cuyo administrador, Ricard Campàs, es un conocido militante socialista que trabaja principalmente para ayuntamientos socialistas) y ha solicitado al Consistorio “la relación de los trabajos realizados desde 2010 a 2012” y también ha pedido a la propia empresa las memorias detalladas.
Ballesteros también reiteró: “No tengo competencias en materia de contratación”, otro de los aspectos que está investigando el juez que en su escrito justifica la citación del alcalde como investigado, “para que pueda explicar por qué acordó que se efectuaran estos pagos a Inipro pese a las siete advertencias de ilegalidad, sin que hubiera corregido de alguna manera la situación irregular ni adoptado medida alguna para la subsanación”. El juez deja claro en el auto “las sospechas sobre la necesidad del servicio contratado, el direccionamiento de la adjudicación –las tres empresas que optaron al concurso eran Inipro y dos filiales– y la presunta contrapartida que desde la Administración se podría haber obtenido”. Sin embargo, Ballesteros aseguró ayer que “el servicio era necesario porque hay
El edil, que firmó las facturas pese a varias advertencias de ilegalidad, asegura que “esto no es inhabitual”
un informe de los técnicos que lo dice”. El abogado de la CUP, Carles Pediguero, calificó las explicaciones del alcalde ante el juez de “inconsistentes” y “genéricas” y dijo que “se ha quitado toda la responsabilidad de encima”, además de reiterar que el caso lo hizo público el propio comité de empresa del IMSS, que llegó a discutirse en el pleno del Ayuntamiento y que no fue hasta el verano de 2013 cuando la CUP decidió denunciar. “Le ha citado a declarar el juez, no la CUP”, añadió.