Sin novedades fiscales
Históricamente ha sido habitual que al iniciarse un nuevo año empresas y asesores se hayan encontrado con importantes cambios fiscales, que obligaban a trabajar en su interpretación y aplicación práctica, a través de cursos y seminarios.
Este mes de enero quizás es uno de los más tranquilos en cuanto a modificaciones, ya que las introducidas en la rebaja de los tipos generales de IRPF y retenciones, así como los tipos impositivos de las rentas del ahorro, ya estaban anunciadas desde el pasado mes de julio.
Este hecho se ha debido, en parte, a que la gran reforma fiscal llevada a cabo por el ministro Montoro se inició en el 2013 con el nombramiento de la comisión Lagares, compuesta por nueve profesores, entre ellos siete catedráticos de Economía, y se plasmó a finales del 2014 con el retoque de los tres grandes impuestos, IRPF, IS e IVA, completándose finalmente el proceso con la reforma de la Ley General Tributaria publicada el pasado septiembre, que tiene por objetivos fundamentales potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas. A ello hay que añadir las pocas modificaciones introducidas por el gobierno saliente en la Ley de Presupuestos para el 2016.
A nivel autonómico, seguramente las autonomías más activas han sido Navarra, Valencia, Aragón y Baleares en aquellos tributos en los que disponen capacidad de legislar. En Catalunya, como es conocido, se han prorrogado los presupuestos. La incertidumbre política, tanto a nivel estatal como en Catalunya, puede llevar a que a corto y medio plazo no se produzcan modificaciones tributarias y si ello es así, al menos desde el punto de vista tributario, la actividad económica no se vería afectada.
Goldman Sachs alertaba a primeros de enero de que la incertidumbre política en España, que podía prolongarse todo el año 2016, va a afectar a la confianza de empresas y consumidores. Asimismo, días pasados el FMI recomendó a los políticos españoles buscar una “pronta resolución” a la situación de incertidumbre política en España para asentar el crecimiento económico. Sin embargo, también es conocido que Bélgica entre el 2010 y 2011 estuvo 500 días sin gobierno y en ese periodo mejoraron el paro, PIB, déficit y salario mínimo, no así la prima de riesgo de su deuda pública.
Es posible que vivamos un periodo en que empresas y asesores estemos más atentos a la doctrina administrativa y a la jurisprudencia de los tribunales españoles, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en otros ámbitos del derecho a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo), instancia esta que como venimos observando cada día incide más en nuestra vida diaria –la última sentencia avala que la empresa pueda espiar el correo de los empleados–, que a los pequeños cambios normativos. Una orientación más parecida a la histórica del derecho anglosajón en donde la jurisprudencia es uno de los pilares básicos del derecho. Las directrices de la UE y las sentencias de estos dos altos tribunales nos ofrecen un paraguas protector de seguridad y garantía uniforme a todos los europeos.
Los empresarios y la economía en general seguramente precisan más estabilidad tributaria y menos cambios normativos de cada gobierno entrante.
Empresarios y economía en general precisan más estabilidad tributaria