La trama valenciana amenazó a los que no colaboraban en el blanqueo
Personas allegadas al PP ingresaron el dinero negro en cuenta antes de la donación
Los investigadores sospechan que los 50.000 euros, cuyo origen no ha acreditado el PP, eran comisiones Barberá es la única concejal que aportó esos 1.000 euros y que no está imputada, por su condición de aforada
Tener más dinero para poder gastar en una campaña electoral no te hace ganar más votos. Pero en abril del año pasado, Rita Barberà ya intuía por las encuestas que perdería la hegemonía al frente del Ayuntamiento de Valencia, tras 24 años de mandato. La noche electoral, en la sede del ahora devastado por la corrupción Partido Popular valenciano en la calle Quar, Barberà se abrazó a uno de sus colaboradores y le dijo: “¡Qué hostia! ¡Qué hostia!”. Una hostia en toda regla en la que los valencianos dilapidaron la mitad de sus concejales y ella perdió la vara de mando. De nada sirvieron los 50.000 euros en negro que presuntamente se utilizaron en la campaña y que se blanquearon con la connivencia de 50 militantes o colaboradores del partido a los que se exigió, en algunos casos mediante amenazas, que participaran.
La trama de blanqueo en el grupo municipal del PP es una de las piezas que integran la denominada operación Taula contra la corrupción en la capital del Turia, y que ha dejado completamente noqueado al PP valenciano. El titular del juzgado número 18 de Valencia, Victor Gómez, quiere con el apoyo de la fiscalía anticorrupción separar la investigación por blanqueo del grueso de la causa por corrupción.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la fiscalía anticorrupción tienen claro cual fue el mecanismo de blanqueo. Esos 50.000 euros de los que el PP no ha podido acreditar su origen y que los investigadores sospechan que procedía de comisiones, se utilizaron en la campaña electoral y se blanquearon mediante “donaciones” de militantes. Cada uno de esos donantes tenía que realizar una transferencia bancaria a las cuentas del PP valenciano y a cambio recibía dos billetes de 500 euros. En algunos casos, según consta en declaraciones, las personas reclutadas alegaron que no podían adelantar ese dinero. Que sencillamente no lo tenían. Contravinien- do las órdenes de la presunta responsable de esa caja B, Mari Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal, varios donantes ingresaron esos dos billetes de 500 euros en su cuenta corriente, y al momento, realizaron la transferencia de 1.000 euros al partido.
La UCO dispone del testimonio de varios exasesores de la alcaldía y la vicealcaldía que se negaron a donar el dinero y que no fueron renovados en sus cargos de confianza. Cuatro de ellos han ratificado sus declaraciones ante el juez. Y han asegurado que no quisieron participar porque entendieron que se trataba de una clara maniobra de blanqueo.
Por este presunto delito de blanqueo el juez ha llamado a declarar a 15 concejales y exconcejales, entre ellos nueve de los diez que componen el actual grupo municipal. Solo se ha salvado de la impu- tación el independiente Eusebio Monzó. Hasta ahora, solo ha acudido a testificar el presidente del grupo municipal, Alfonso Novo. Y salió como entró, imputado, ya que se negó a declarar. Aunque ya negó en la Guardia Civil haber recibido 1.000 euros en efectivo a cambio de la donación. Por esa causa también están procesados 21 asesores o exasesores del grupo municipal.
La mismísima Rita Barberá hizo también esa aportación de mil euros para su campaña. Pero sin embargo es la única que, por el momento, no ha sido imputada por su condición de aforada, al ser senadora. Cuando el juez finalice la ronda de declaraciones, será el momento de decidir si envía, como parece, la causa al Tribunal Su- premo para que valore el comportamiento de la exalcaldesa y si considera que, como el resto de sus excompañeros de grupo, merece ser imputada.
Mientras Barberá sigue parapetada en su domicilio, esperando acontecimientos, el PP valenciano prepara medidas drásticas para tratar de acotar la hemorragia. La dirección del partido podría anunciar hoy que no se esperará a que se levante el secreto del sumario para actuar contra los concejales que mantengan la imputación tras declarar ante el juez. Es decir, serán expulsados del PP y se les exigirá el acta. Teniendo en cuenta que 9 de 10 concejales están imputados, la situación puede ser grave si se niegan a devolver su acta. “Se les expulsará al grupo mixto”, advirtieron fuentes de la formación.
La dirección nacional del PP ve con buenos ojos un congreso extraordinario que sirva para refundar la formación en Valencia. Sería un cita que se celebraría antes del congreso nacional para agilizar el proceso de limpieza que está decidido a llevar a cabo la actual dirigente, Isabel Bonig. Sin embargo, en Génova no acaban de ver bien la iniciativa de romper completamente con el pasado hasta el punto de cambiar las siglas y el logotipo.