El PP, investigado por borrar los ordenadores de su extesorero
Un representante legal del PP tendrá que comparecer la próxima semana en el juzgado de instrucción número 12 de Madrid para declarar en calidad de investigado, en relación con el supuesto borrado de los ordenadores que usaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, que no pudo recuperarlos tras ser despedido por la dirección popular. Será la primera vez que el representante legal de un partido comparezca en esa condición, tras la reforma del Código Penal que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en este caso una organización política.
Los supuestos delitos por los que deberá responder son los de daños informáticos y encubrimiento, todo ello en el marco del procedimiento judicial recientemente reabierto por la Audiencia de Madrid por el borrado de los dos ordenadores de Bárcenas que el extesorero del PP dejó tras de sí cuando dicho partido decidió prescindir de sus servicios. En su declaración del pasado miércoles, Bárcenas levantó sospechas contra la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que según el extesorero popular fue quien habría autorizado que se interviniera en el que había sido el despacho de la tesorería.
A la espera de la comparecencia del representante del PP, la juez Rosa María Freire, encargada del caso, interrogó ayer como investigados -nueva denominación de la figura de imputado- a la actual tesorera popular, Carmen Navarro, y al exresponsable de informática de la organización, Javier Barrero, quien muy probablemente pasará a a la condición de testigo. Lo más relevante de las manifestaciones de Navarro fue que no había nada en los ordenadores de Bárcenas , como pudo comprobarse cuando fueron abiertos. Su versión, por tanto, es que no puede hablarse de borra- do de lo que no existía. Carmen Navarro explicó que Bárcenas dejó de ser empleado del PP en el 2010 y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó su demanda por despido improcedente. También dio que en el 2013, por iniciativa suya y tras consulta con Cospedal, Bárcenas recibió indicaciones de que no debía volver por la sede del PP. El motivo eran las primeras informaciones sobre las cuentas del extesorero en Suiza, con un saldo de 47 millones de euros, y la exis- tencia de listas con apuntes sobre la supuesta contabilidad B de la organización. Javier Barrero, a su vez, sugirió que los ordenadores no eran del PP, sino del propio Bárcenas.
Paralelamente, la Audiencia Nacional aceptó ayer que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, declare como testigo en el juicio sobre la primera etapa de actividades de la red de corrupción Gürtel, que tuvo lugar entre 1999 y 2005. La Sala Penal ha rechazado, en cambio, que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, preste también declaración en la vista, en la misma condición de testigo, porque los magistrados no aprecian “razón suficiente” para que lo haga. Bárcenas se enfrenta en este proceso a penas que suman 42 años y 6 meses, pedidas por el fiscal.
La Audiencia admite a Esperanza Aguirre como testigo en el juicio de Gürtel, pero no que declare Rajoy