Dos avisos de Bruselas
EN el marco de las negociaciones para formar gobierno que por encargo del rey Felipe VI ha iniciado el líder socialista Pedro Sánchez, ha irrumpido con voz fuerte la Comisión Europea. Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, ha advertido que el nuevo gobierno, sea cual sea, deberá introducir importantes ajustes de gasto público en los presupuestos generales del Estado del 2016 ya en curso. El segundo aviso hace referencia a la necesidad de no prolongar demasiado la formación del nuevo gobierno, ya que la incertidumbre política retrasa también las decisiones de los agentes económicos y eso puede tener un impacto negativo en el crecimiento y en la creación de empleo.
La voz de Bruselas, tanto en un sentido como en el otro, debe ser tenida en cuenta. De entrada se estiman en 8.600 millones de euros los ajustes adicionales que hay que hacer en los presupuestos de este año para cumplir con el objetivo de déficit público del 2,8% del producto interior bruto (PIB) comprometido en el pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). De no hacerse esos ajustes, el desvío podría ser de ocho décimas y llegar hasta el 3,6%, con riesgo de las correspondientes sanciones comunitarias por incumplimiento.
La necesidad de esos ajustes presupuestarios adicionales, además del sacrificio que comportarán, condicionará mucho el margen de maniobra de las negociaciones sobre la política económica que se quiera llevar a cabo a partir de ahora. Este hecho, sin embargo, no debería desvirtuar el acierto que tuvo en su día el Gobierno de Mariano Rajoy de haber avanzado la aprobación de los presupuestos de este año, ya que sin ellos la paralización del país y la incertidumbre política, ante el retraso en la formación de nuevo gabinete, serían mucho mayores.
Pero desde Bruselas además se insiste, como ya se hizo en octubre pasado, en que España ha incumplido ya el objetivo de reducción de déficit comprometido para el 2015. Los cálculos de la Comisión Europea estiman que el déficit el año pasado ha sido del 4,8% del producto interior bruto (PIB), en lugar del 4,2% estipulado, una desviación que ha negado siempre el ministro de Hacienda –ahora en funciones–, Cristóbal Montoro. Ahora parece, sin embargo, que el exceso de gasto de algunas comunidades autónomas y el déficit de la Seguridad Social habrían provocado el descuadre de las cuentas públicas.
Demuestra una grave falta de seriedad y credibilidad que una economía como la española, que en el 2015 ha crecido un 3,2%, haya incumplido –si se confirma– su objetivo de déficit público por exceso de gasto, aunque haya sido en unas seis décimas. Con una deuda pública cercana al ciento por ciento del PIB, un hecho como este sería suficiente para suscitar la desconfianza de los mercados financieros, aumentar la prima de riesgo e incrementar el coste de financiación del endeudamiento, lo que aún reduciría más el margen de maniobra presupuestaria. Afortunadamente, en estos momentos, la política expansiva del Banco Central Europeo evitará que eso suceda. Pero ello no es excusa para fallar en el rigor presupuestario, ni en el pasado ni tampoco en el futuro.
Como advierte Bruselas, la buena marcha de la economía española, además de rigor fiscal, exige resolver también cuanto antes la formación del nuevo gobierno y despejar incertidumbres. En este sentido, los plazos que se han fijado los partidos políticos parecen claramente excesivos.