Valls advierte que el antiterrorismo será “asunto de una generación”
Francia inicia el arduo debate para hacer constitucional el estado de urgencia
La lucha contra la radicalización que está en el origen del fenómeno yihadista en Francia “será asunto de una generación”, dijo ayer el primer ministro, Manuel Valls. “Estamos ante una nueva forma de guerra y algunos de los mecanismos que tenemos están absolutamente desfasados”, añadió.
El enérgico primer ministro, que la semana que viene pedirá al Parlamento la prolongación por tres meses del estado de urgencia vigente desde los atentados del 13 de noviembre, presentaba con esa introducción el proyecto para insertar dicho estado en la Constitución, ante una cámara dividida a la que le espera un debate arduo.
En una Francia derechizada y que vota en un 30% al ultraderechista Frente Nacional, el gran peli- gro político que el Gobierno vio tras los atentados de noviembre fue el de ser acusado de debilidad ante el terrorismo. La situación exigía una respuesta fuerte, y el 16 de diciembre, ante el Congreso (Asamblea Nacional y Senado) solemnemente reunido en Versalles, el presidente François Hollande anunció tres cosas que parecían muy enérgicas y sonaban bien a oídos de la derecha: su intención de retirar la nacionalidad a los binacionales franceses condenados por terrorismo, la simplificación de las expulsiones de extranjeros y la prohibición de regreso a Francia de sospechosos de terrorismo. Para dar más fuerza a todo el paquete, anunció una reforma constitucional para incluir en la carta magna el estado de urgencia y la retirada de la nacionalidad.
Ahora, un proyecto con dos artículos que regulan eso ha recibido un dictamen favorable del Consejo de Estado, organismo asesor, pero es controvertido.
El artículo 1 inscribe en la Constitución el estado de urgencia, modificando las condiciones para su aplicación y dando a la policía facultades y medios para prevenir aten- tados. El artículo 2 inscribe la retirada de la nacionalidad en el artículo 34 de la Constitución. Esta medida sancionaría sólo a los autores de los crímenes más graves. Tras la reforma constitucional será necesaria una ley ordinaria para esta- blecer las modalidades de aplicación de este texto. Concretamente la lista de crímenes que, en caso de condena, podrían conducir a la retirada de nacionalidad.
El proyecto divide tanto a la mayoría como a la oposición. Amnistía Internacional pide que no se prolongue el estado de urgencia y hay un clamor bastante general que apunta la completa inutilidad de retirar la nacionalidad a terroristas a los que tal retirada les trae sin cuidado. El foco en los binacionales, que el Gobierno ha enmendado sin lograr gran convencimiento, “constitucionaliza la distinción entre franceses binacionales y los demás”, lo que sienta un precedente de “discriminación negativa”, dice el expresidente del Consejo Constitucional Robert Badinter, el patriarca de la justicia socialista que acabó con la pena de muerte en 1981. La pregunta que se hacen polí- ticos y magistrados es en qué servirá todo esto a la lucha contra el terrorismo, más allá del deseo del Gobierno de parecer enérgico ante la derecha. “La Constitución no debe ser instrumento de imagen”, ha dicho el diputado Philippe Houillon.
La reforma cuenta con el apoyo de la mayoría de los socialistas y de los radicales de izquierda (PRG), aunque entre ellos no faltan disidentes como la dimisionaria ministra de Justicia, Christiane Taubira. Los Republicanos (ex UMP) mantienen cierto suspense, especialmente desde que el ex primer ministro François Fillon se manifestara en contra, frente a su rival Nicolas Sarkozy, que al principio manifestó su apoyo total al proyecto y que ahora expresa dudas. El Frente de Izquierda y parte de los verdes votarán en contra. El problema es que, para ser aprobada, la reforma requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso. La incertidumbre lleva a algunos observadores a pronosticar que tal mayoría, una expresión de la unidad antiterrorista sobre la que quiere cabalgar Hollande, podría no conseguirse, lo que sería un revés de imagen para el presidente y su primer ministro a casi un año de las presidenciales de 2017. En cualquier caso, estas reformas se alargarán como mínimo hasta marzo.
La reforma divide tanto a la mayoría como a la oposición y suscita dudas sobre su efectividad