Inquietud entre los trabajadores de la Diputación por la gestión de su IRPF
La institución aprobó pagar sus impuestos a través de la Hacienda catalana
Los más de 4.000 trabajadores de la Diputación de Barcelona, y el millar largo de trabajadores vinculados a organismos autónomos, recibieron en enero un e-mail de la secretaria general de la institución en el que les informó que el IRPF que devengan sus nóminas pasaba a pagarse a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y que esta se encargaría de traspasar el dinero a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Una comunicación que provocó inquietud entre los empleados y que ha hecho que UGT y CC.OO. pidan garantías jurídicas.
La decisión de utilizar los servicios de la ATC es el resultado de la votación de una moción presentada por la CUP, en el pleno de la institución el pasado noviembre, y que fue secundada por CiU , ERC y Entesa. La propuesta se enmarca en la voluntad de los partidos soberanistas de crear una hacienda propia catalana, desconectada de la española. Y pasos como este son los primeros.
“Hay preocupación entre los trabajadores. Queremos información”, apunta el secretario de política institucional de UGT, Carlos Villalante, que pide que las “decisiones políticas” no afecten a los empleados. “Queremos una res- puesta oficial que avale a los trabajadores”, añade Jordi Díaz, secretario de organización de CC.OO. en el organismo. Este sindicato se ha sumado a una petición liderada por UGT que el pasado 15 de enero ya pidió explicaciones ante la “preocupación entre el personal por las posibles implicaciones y responsabilidades legales y fiscales de ca- rácter personal con respecto a la Hacienda Pública”.
Fuentes de la Diputación consultadas por La Vanguardia señalan que la medida todavía no se ha implantado, pero que se implantará. La institución asegura que lo hará “preservando la seguridad jurídica de la Diputación y también de todos sus trabajadores”.
Fuentes del Ministerio de Hacienda no dan relevancia a esta decisión de la Diputación de Barcelona que, de hecho, sigue la estela de algunos ayuntamientos catalanes que ya han tomado la misma opción. Estas fuentes recuerdan que si la Agencia Tributaria Catalana que ahora ejercerá de intermediario tuviera algún retraso en los pagos, Hacienda actuaría contra el
La Diputación gestiona las oficinas de recaudación de la mayor parte de municipios la provincia
trabajador pero del mismo modo que lo haría si no hubiese este intermediario.
En el correo electrónico que envió la secretaria general se adjuntó la moción, aprobada en la sesión del 26 de noviembre. En esta moción también se acordó informar a los 311 municipios de la demarcación de Barcelona que su diputación comenzaba a pagar a la Hacienda catalana, una difusión que puede crear confusión, según algunas fuentes, ya que es precisamente la Diputación quien se encarga de recaudar los impuestos de casi 300 de estas poblaciones.