Reconocido el impacto de las pruebas atómicas en Polinesia
Hollande anuncia que se revisarán los casos de los damnificados de Mururoa
Cincuenta años después de la primera de las 193 pruebas nucleares que Francia realizó en los atolones de Mururoa y Fangataufa, en el Pacífico Sur, el presidente François Hollande ha reconocido que aquello tuvo un “impacto” en la salud de las personas.
“Reconozco que las pruebas nucleares llevadas a cabo entre 1966 y 1996 en la Polinesia francesa han tenido un impacto medioambiental y han provocado consecuencias sanitarias”, dijo Hollande al término de su visita a la Polinesia, etapa de un periplo latinoamericano que le lleva esta semana a Perú, Argentina y Uruguay.
La buena nueva presidencial es un asunto conocido de antiguo por los nativos de la región, que, tras las primeras 17 pruebas nucleares en el desierto del Sahara, vieron como los dos atolones, situados a 6.000 kilómetros al este de Australia, tomaban el relevo en 1966. Las 193 pruebas, entre ellas 46 atmosféricas, se sucedieron hasta 1996. Ya en 1980 el hospital pediátrico Necker de París detectó un número anormal de tumores cerebrales entre los niños procedentes de Polinesia. La peligrosidad de las pruebas para la salud de la población “era conocida por el Ministerio de Defensa y los sucesivos presidentes de la República estaban perfectamente informados”, señala el Observatoire des armements, un centro independiente de documentación sobre paz y conflictos con sede en Lyon. Una tasa de mortalidad infantil cuatro veces superior a la media de la metrópoli, malformaciones y cánceres son la herencia de aquel “impacto”, cuyo cuadro es, en lo que respecta al secretismo y el sacrificio de la salud pública en aras del becerro de oro militar, muy parecido al observado en la antigua URSS, China y Estados Unidos.
Hasta qué punto la situación ahora reconocida era del dominio público en los departamentos insulares lo ilustra el hecho de que 30.000 de sus 270.000 habitantes hubiesen firmado la petición de “indemnizaciones a Francia” liderada por el padre Auguste Uebe Carlson, un católico en sintonía con la teología de la liberación.
De los 1.000 dossieres de damnificados presentados a las autoridades como consecuencia de una ley adoptada en el 2010, solo 19 desembocaron en una indemnización efectiva. Ahora, “los dossieres de las víctimas de lo nuclear serán revisados”, prometió Hollande.
El presidente saludó “solemnemente” la contribución de los polinesios a la fuerza de disuasión nuclear francesa. “Sin la Polinesia, Francia no habría podido dotarse del arma nuclear ni de su fuerza de disuasión”, dijo sin explicar para qué le sirvió ese recurso, cuya bondad y ventaja el presidente pareció dar por supuestas.
Unas 2.000 personas residían durante las pruebas dentro del sector que la ley del 2010 definió como susceptible de indemnización.
Hollande anunció la sistematización de un subsidio de 90 millones de euros anuales, que se estableció en 1996 en concepto de “deuda nuclear”, entendida como perjuicio por haber dejado de albergar unas pruebas nucleares que habrían sido imposibles de realizar en territorio metropolitano francés.
En las islas francesas del Pacífico, 30.000 de los 270.000 habitantes firmaron una petición de indemnizaciones