Los ejes de la reforma
Cambio de la Constitución con blindaje de derechos sociales y medidas de regeneración, acuerdos de PSOE y C’s
IÑAKI ELLAKURÍA JUAN CARLOS MERINO
Después de varias semanas de negociaciones, las bases del acuerdo de gobierno entre el PSOE y C’s ya están fijadas, a la espera de que los dos partidos puedan sumar a otras formaciones –Podemos y PP– o al menos seducirlas para que se abstengan. Estas son las principales reformas, la mayoría ligadas al cambio constitucional exprés acordadas ayer por Pedro Sánchez y Albert Rivera. El 10% de los miembros del Congreso –35 diputados– podrían forzar un referéndum para ratificar esta reforma.
Mandatos limitados y reducción de aforamiento.
El mandato del presidente del Gobierno se limitará a dos legislaturas, es decir, a ocho años. Supresión de los aforos a los cargos electos, limitado a su actividad parlamentaria, que sean imputados por casos de corrupción o delitos graves.
Contención fiscal.
Una de las propuestas de Rivera durante la campaña del 20-D era una sensible rebaja fiscal. Ahora PSOE y C’s han pactado no subir los impuestos y reducir algunos gravámenes como el IVA cultural, que pasaría del 21% actual al 7%, en lo que fue un compromiso electoral tanto de Sánchez como de Rivera. Además no se subirá el IRPF en toda la legislatura, manteniéndose en los tipos actuales. El impuesto de sucesiones se reducirá y unificará para todas las comunidades en una misma horquilla. Se modificará el impuesto de sociedades para eliminar beneficios y deducciones fiscales a aquellas grandes empresas que tributen más del 6%. Esta medida podría ofrecer un ahorro de 20.000 millones de euros anuales.
Iniciativas populares (ILP).
Para favorecer la participación ciudadana en el Congreso, se pasará del las actuales 500.000 firmas a 250.000 el “techo” necesario para el registro de las iniciativas legislativas populares (ILP).
Diputaciones.
Supresión de las diputaciones provinciales para evitar la duplicidad de competencias con los gobiernos autonómicos, que también requeriría una reforma constitucional. Los principales servicios públicos que ofrecen las diputaciones serían asumidos por un consejo provincial formado por alcaldes, con el fin de garantizar la igualdad de los españoles que vivan en una gran metrópoli o en un pueblo poco habitado. Esta medida, que no afectará a las diputaciones forales, ni cabildos ni a consejos insulares supondría el ahorro de alrededor de 5.000 millones de euros anuales.
Mercado laboral.
Uno de los principales obstáculos que PSOE y C’s tuvieron que sortear para alcanzar un acuerdo radicó en el mercado laboral, por lo que han buscado una posición de consenso. Así, C’s renuncia al contrato único y, como contrapartida, el PSOE acepta aplicar una paga complementaria para los trabajadores con los salarios más bajos. Asimismo, se comprometen a buscar medidas para fomentar los contratos fijos al tiempo que se prevé aumentar la protección social de los asalariados.
Despolitización de la justicia.
Sánchez y Rivera acordaron poner en marcha un proceso de despolitización de las instituciones y organismos del Estado, con la justicia como una de sus prioridades. Aplicarán un mecanismo de elección de cargos en instituciones como el Constitucional o el Defensor del Pueblo “blindado” de los partidos políticos. Siguiendo esta filosofía, se reducirán a la mitad los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pasando de 20 a 10.
Ley electoral.
PSOE y C’s pondrán en marcha en el Congreso una ponencia para iniciar los trabajos y debates de una nueva ley electoral que sea “más proporcional” y avance hacia el objetivo de “un ciudadano, un voto”.
Senado.
La Cámara alta no se eliminará en esta legislatura como pretendía C’s, pero sí se reformaría para convertirlo en un “verdadero órgano de representación territorial”. Se reducirían de 266 a 80 los escaños de senadores.
Unidad de España.
Compromiso de defender el artículo 1 de la Constitución, que señala que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, y rechazar una posible consulta independentista en Catalunya.
Derechos sociales.
Blindar en la Constitución como “derechos fundamentales” algunos derechos sociales como la Educación o la Sanidad. En este sentido y dentro de esa reforma exprés de la Carta Magna que se debería abordar en el primer semestre del mandato presidido por el líder socialista se reformaría el artículo 135 –modificado por el último gobierno de Zapatero– para garantizar la financiación, a través de partidas presupuestarias obligatorias, de la Sanidad y principales derechos sociales.