Hacia el fin de Guantánamo
LA historia del penal de Guantánamo atenta contra el derecho vigente en las democracias avanzadas y puede, por tanto, ser calificada de ominosa. Tras los atentados del 11-S, la Administración norteamericana entonces presidida por George W. Bush decidió habilitar en suelo cubano esta cárcel para personas sospechosas de estar vinculadas al yihadismo. La excepcionalidad de aquel momento hizo pensar al gobierno de Estados Unidos que era posible vulnerar sus propios principios sin consecuencias. Pero aquello que se construye fuera de la ley suele generar y encadenar nuevas rupturas de la legalidad. Así lo han mostrado los hechos posteriores. En Guantánamo se ha retenido desde a ancianos aquejados de demencia senil hasta a adolescentes de 14 años, con el –a menudo vano– afán de sonsacarles información. Se ha privado indefinidamente de libertad a detenidos sin cargos; se les ha negado el derecho al hábeas corpus, el amparo de la justicia norteamericana o el que garantiza la convención de Ginebra para prisioneros de guerra. Entre tanto, se les han infligido reiterados malos tratos. Está fuera de discusión que hay que combatir al yihadismo sin tregua. Pero quizás la manera en que se ha hecho en Guantánamo no sea la mejor.
Nada más llegar a la Casa Blanca, el presidente Barack Obama proclamó su intención de cerrar Guantánamo. Al parecer, no le ha resultado fácil materializarla. Han tenido que pasar siete años para que el presidente norteamericano, con el final de su segundo mandato ya a la vista, presentara ayer al Congreso su plan de cierre para la instalación carcelaria.
No cabe decir que Obama no lo haya intentado. Ni que Guantánamo no suponga uno de los más flagrantes incumplimientos del programa que le llevó a la presidencia. Pero sus frecuentes declaraciones en esta línea han topado con el rechazo de un Congreso adverso. Los republicanos esgrimen diversos motivos para mantener en marcha el penal. El principal, su negativa a trasladar los detenidos de Guantánamo a territorio estadounidense, debido a su peligrosidad.
La lógica nos indica que estas reservas podrían ser vencidas por una realidad cambiante. En su día llegó a haber en Guantánamo alrededor de 800 internos. Ahora quedan sólo 91. A este hecho se añaden otros. Obama adujo ayer que esta cárcel es muy cara y que su permanencia ha sido improductiva en términos informativos, además de lesiva para el prestigio de Estados Unidos en la escena internacional. Dicho lo cual, está por ver que el deseo de Obama de clausurar este penal pueda llevarse a cabo: no abundan las razones para pensar que los republicanos que hasta ahora han obstaculizado el cierre vayan ahora a impulsarlo.
El balance del penal de Guantánamo, que empezó a acoger prisioneros hace ya catorce años, no es positivo para Estados Unidos. Es cierto que, de ocho años a esta parte, no se tiene noticia de nuevos ingresos. También que el número de reclusos baja. Aun así, el penal sigue en activo. Y, con él, una serie de métodos que atentan contra los valores de Occidente, y que, a modo de guinda, han dado ideas a los yihadistas a la hora de escenificar sus despiadadas ejecuciones. Sería por tanto deseable que el Congreso con mayoría republicana permitiera a Obama materializar el deseo expresado. Con ello, le ayudaría a atender una promesa electoral de demorado cumplimiento. Pero, sobre todo, permitiría a Estados Unidos librarse de un baldón innecesario.