Catalunya recauda la cuarta parte de los tributos propios autonómicos
Los contribuyentes catalanes, los que más IRPF pagan entre las rentas bajas
Los tributos propios proporcionan a las comunidades autónomas poco más de 2.000 millones de euros al año. En la actualidad existen 79 impuestos distintos, de los que 14 corresponden a Catalunya. Según el nuevo Panorama de la fiscalidad autonómica y foral, elaborado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (Reaf-Regaf), en el 2014 la recaudación de los tributos propios se quedó casi 2.070 millones, lo que supone un 2,4% del total de ingresos fiscales de las autonomías. Tres de cada cuatro euros ingresados bajo este concepto proceden de un canon sobre el agua. “Son unos impuestos que dan muchos problemas, pero no es tan fácil recaudar 2.000 millones y, aunque la cifra se puede considerar pequeña, supone mucho más que lo recaudado con el impuesto de patrimonio (1.190 millones en el 2013)”, resumió Luis del Amo, secretario técnico de Reaf-Regaf.
Además, la cuarta parte de lo ingresado con los tributos que puede establecer cada autonomía corresponde a la Generalitat de Catalunya (555 millones), aunque han caído casi un 11% con respecto al año anterior. En el caso de Catalunya, el canon del agua aporta hasta el 82,2% de los ingresos. Tal y como destaca el informe, la conflictividad entre Gobierno central y comunidades como Catalunya ha supuesto que parte de estos 79 impuestos propios estén recurridos y no se estén aplicando.
El informe recoge también cómo afectan a los ciudadanos los últimos cambios introducidos en el impuesto de la renta con la reforma fiscal y aquellos fijados en su caso por cada gobierno autonómico. Si se toma como ejemplo la declaración de un contribuyente soltero sin hijos, los que tienen una renta por el trabajo de entre 16.000 y 30.000 pagarán más IRPF en Catalunya, mientras que los que ingresan entre 45.000 y 70.000 están gravados en mayor medida en Extremadura, y de 160.000 a 600.000, en Cantabria. Donde no hay diferencias en términos de renta es en la comuni- dad en la que se tributa menos por el IRPF: en todos los supuestos corresponde a Madrid. Por tramos, la diferencia de la cuota entre las autonomías con mayor carga impositiva y las de menor oscila entre el 5% y el 12%.
Los expertos recuerdan además que en el caso de Catalunya, al mantenerse más tramos de renta que los cinco fijados por la reforma fiscal, la aplicación del IRPF resulta algo más modulada en función de los ingreso de los contribuyentes. En el 2016, el tipo mínimo en Catalunya se sitúa en el 21,5% y el máximo, en el 48% (como Andalucía, Asturias y Cantabria). El estudio del Consejo General de Economistas destaca asimismo que el tipo máximo agregado de Euskadi y Navarra se sitúan por encima al fijarse en un 49% y 52% respectivamente.
De los impuestos en que las comunidades tienen alguna capacidad normativa, el impuesto sobre la renta está experimentando cierta armonización. “Salvo en el IRPF –señaló Sanmartín– las desigualdades entre comunidades son enormes en el impuesto sobre el patrimonio y, sobre todo, en sucesiones y donaciones. En función de la residencia del fallecido o del que dona, puede pasar de una tributación simbólica a otra muy elevada”.
A la política de bajos impuestos de la Comunidad de Madrid se han unido este último año otras comunidades como Canarias.
“Hemos conseguido hacer un marco fiscal que no se entiende y crecientemente ineficiente”, concluyó Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas. Sobre los cambios en la política impositiva, añadió: “No sabemos si sirven para recaudar, complicar la vida a la gente o es postureo político”.
Los representantes de los asesores fiscales se quejaron además de que no hay una “competitividad fiscal” entre comunidades autónomas porque después lo recaudado pasa a engrosar fondos comunes a todas ellas. En suma, pidieron que, de cara a la inmi- nente negociación del sistema de financiación autonómica, también se revise la fiscalidad. A grandes rasgos, su propuesta se basa en fijar un cuadro común para las autonomías –como ocurre con el IRPF– y que cada comunidad decida completarlo con unos tipos mínimos y máximos. “Necesitamos un marco estable que permita competir con tipos, sin ensuciar el modelo”, reclamó Pich.