El Govern despide al exdirector de Infraestructures investigado por el 3%
La empresa pública alega “pérdida de confianza” para rescindir el contrato a Rosell
Josep Antoni Rosell, el exdirector general de Infraestructures.cat, investigado por el llamado caso del 3%, de presunto cobro de comisiones por parte de CDC, ha sido finalmente despedido de la empresa encargada de las obras públicas de la Generalitat. La rescisión del contrato, acordada por el consejo de administración, llegó ayer a través de un comunicado del departamento de Vicepre- sidència i Economia, al que está adscrita la empresa pública, en el que escuetamente se justifica la decisión en la “pérdida de confianza” en el exdirectivo “en la nueva etapa”.
Josep Antoni Rosell fue apartado de sus funciones de director general el pasado mes de octubre, después de ser arrestado por la Guardia Civil e implicado en el caso del 3%, pero continuó trabajando en Infraestructures.cat en un proyecto de internacionalización e investigación. Entonces, fuentes de la conselleria de Economia explicaron que no se le despedía porque, al estar el caso bajo secreto de sumario, no había base judicial para justificarlo y podría considerarse despido improcedente, mientras la empresa abría una serie de expedientes para evaluar su propia actuación, que a día de hoy todavía no están cerrados. El nuevo Govern le mantuvo en el puesto, y el mismo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont –la pasada semana en la sesión de control en el Parlament–, y la portavoz, Neus Munté, han tenido que responder públicamente de la situación apelando a la presunción de inocencia y subrayando que en ningún caso participaba en la toma de decisiones de la compañía.
La situación, sobre la que el nuevo departamento de Vicepresidència i Economia no había escondido su incomodidad, responsabilizando de la “recolocación” de Josep Antoni Rosell al Govern que aún presidía Artur Mas –lo que en la práctica denotaba cierta tensión entre CDC y ERC–, se ha resuelto finalmente con un despido amparado en “la normativa laboral y administrativa vigente” que regula los contratos de alta dirección. El despido que es efectivo desde ayer mismo y por el que el exdirectivo no tiene derecho a indemnización al tratarse precisamente de un contrato de alta dirección. A pesar de ello, y según fuentes del Govern conocedoras del caso, el anterior gabinete de CiU le habría incorporado a la estructura de la empresa con un contrato laboral, lo que Josep Antoni Rosell entendería que sí le daría derecho a indemnización.
El giro en la posición del nuevo Govern y la decisión sobre la rescisión del contrato obedece ahora, según las mismas fuentes, a la voluntad de despejar todas las sospechas y de alejar la más mínima duda sobre la integridad del comportamiento del gabinete que preside Carles Puigdemont.