El eslabón más débil
Uno de los mitos del nuevo soberanismo presume que llegará un día en que el Gobierno suspenderá la autonomía y, entonces, será el momento de la verdad: o el salto en el vacío o la rendición. Este mito se basa en una realidad: Madrid confía en que la acción combinada del TC y la Brigada Aranzadi sea muy eficaz.
Cada viernes, Soraya Sáenz de Santamaría anuncia –con grandes sonrisas– un recurso u otro contra cualquier medida del Parlament o del Govern que desconecta o parece desconectar Catalunya. Estos anuncios son una suspensión de la autonomía por fascículos que nos ahorra la gran suspensión y el drama. Es un ritual que ha convertido el proceso en el juego del gato y el ratón, sin épica.
Después de la consulta del 9-N –que representó un gol espectacular del soberanismo y el Govern Mas a los poderes del Estado–, Sáenz de Santamaría y su equipo de guardia han aprendido la lección, han tomado las hechuras al adversario y han encontrado el eslabón más débil. Como es obvio, el punto más frágil de la dimensión institucional del proceso es la parte funcionarial de las decisiones del primer Govern inequívocamente independentista. Ponemos un ejemplo, basado en algo que ahora ocurre en la conselleria de Romeva: la acción depende de la firma de un interventor pero este se hace esperar. Firmar
Gobernar la desconexión puede ser, a veces, abrir una puerta con una llave oxidada
según qué puede tener graves consecuencias penales. El proceso se estrella contra una firma, como un cohete mojado. El funcionario detecta rápidamente quien tiene la capacidad de coerción y de punición. No hay que suspender la autonomía: basta con esperar a que la suma de cortocircuitos en la cadena de mando político-funcionarial detenga y colapse cualquier preparación de las bases de un Estado catalán independiente.
El pasado jueves, la ANC presentó un estudio elaborado por expertos y basado en jurisprudencia del Supremo según el cual el funcionariado no debe preocuparse, porque todo lo que se ejecute “de acuerdo con las normas dictadas por el Parlament y el Govern, en ningún caso supondrá la comisión de un delito, de acuerdo con los requisitos señalados en el informe, que estudia todos los ilícitos penales que podrían tener algún tipo de incidencia en la actuación de los trabajadores públicos catalanes”. Sin restar mérito a este trabajo, hay que subrayar que las ambigüedades y lagunas propias de un proceso sin precedentes alimentan las prevenciones de los responsables de hacer funcionar la administración. ¿Qué pueden hacer Puigdemont y sus consellers? ¿Cómo ejercer un poder como si fuera constituyente cuando el poder efectivo –el monopolio de la violencia legítima en un territorio– lo tiene otro?
Este gap entre el mandato político y la tarea funcionarial coloca el soberanismo ante la obligación de repensar con urgencia ciertas estrategias. Gobernar la desconexión puede ser, a veces, abrir una puerta con una llave oxidada.