La aportación del usuario a la factura farmacéutica se duplica
Un grupo de expertos pide igualar el copago para activos y pensionistas
“Suprimir la distinción entre activos y pensionistas, cualidad que en principio no marca ninguna diferencia ni de necesidad ni de renta”. Esta es la primera recomendación sobre copago farmacéutico realizado por la fundación Fedea firmado por los economistas Beatriz González, Jaume Puig y Santiago Rodríguez. Eliminada esta diferencia, los expertos de Fedea proponen “establecer límites máximos anuales (no mensuales) del copago en función de la renta para toda la población con más tramos que los tres actuales”. Creen que estas propuestas serían más eficaces y evitarían las desigualdades que el actual sistema de copago produce. Según los expertos, la participación ciudadana en la factura farmacéutica se ha duplicado desde el 2012, del 6% al 12%.
Así lo indican en un informe en el que se examina la experiencia internacional en materia de copagos sanitarios, es decir, la participación de los pacientes en el coste de los bienes y servicios sanitarios, “una práctica muy extendida en todos los sistemas sanitarios europeos. Todos los países de la UE-15 exigen copago farma- céutico”, reiteran.
En España, el decreto ley del 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, cambió las condiciones y límites del copago farmacéutico por primera vez en décadas. Ese nuevo copago mantiene la distinción entre pensionistas y activos, estableciendo por primera vez el copago para los pensionistas con un límite mensual de contribución, y elevando el porcentaje de copago de los activos, que pasa a ligarse a sus ingresos, estable- ciéndose tipos diferentes para tres grandes tramos de renta. Se mantienen, por otra parte, las subvenciones existentes a los tratamientos crónicos y las exenciones para colectivos especialmente vulnerables.
¿Qué ha supuesto este copago? Según los expertos, en la mayor parte de las comunidades autónomas se observó una caída abrupta de las recetas dispensadas con cargo al sistema salud, “aunque poco a poco parece estar recuperándose la tendencia previa”, señalan. Con todo, la aportación de los usuarios podría haberse duplicado con los cambios, pasando del 6% al 12% del total de la factura farmacéutica. “Por tanto, el efecto más permanente de la reciente reforma del copago farmacéutico sería una redistribución parcial de los costes farmacéuticos desde el erario público hacia los usuarios”, indican.
Los expertos proponen, además, “establecer una escala de porcentajes de copago en función de la efectividad de los tratamientos”, en línea con el modelo francés; así como que “los tratamientos con un ratio coste-efectividad socialmente aceptable para pacientes crónicos y para grupos vulnerables sean gratuitos o casi gratuitos, así como las vacunas”. En cuanto a los tratamientos para síntomas menores, se propone, en contra de la tendencia habitual de los últimos año, que, “en la medida en que sean efectivos, deberían estar incluidos en la cartera de servicios en las mismas condiciones que el resto”.
Los autores del informe recuerdan que el objetivo de los copagos es moderar el consumo de servicios sanitarios, conseguir que los servicios que se dejan de consumir sean los de menos valor para no afectar a la salud y servir de fuente adicional de financiación de la sanidad. “Mal aplicados, sin embargo, tienen problemas. Si no se establecen límites o techos máximos, pueden constituir un ‘impuesto’ sobre los más enfermos”.
Los expertos indican que, si estos copagos no se vinculan al nivel de renta (pudiendo llegar a la exención), “la carga acaba siendo mucho mayor, en términos relativos, en el caso de los pobres que en el de los ricos”. Si se establecen de manera uniforme, sin tener en cuenta la efectividad del servicio o tratamiento, dejan al paciente la difícil decisión de discriminar entre lo de más valor y lo de menos, apuntan.
Y continúan con sus advertencias: Si afectan sólo a un tipo de bienes o a un nivel asistencial, se corre el riesgo de que se produzcan desviaciones del consumo hacia aquellos no afectados y el coste termine por ser mayor; si no se protege a los “pobres y los más enfermos”, puede haber un efecto compensación y llegar a generar más gasto del que se ahorra debido al empeoramiento de la salud.
Los expertos advierten que, si no se fijan límites, el copago se convierte en un impuesto sobre los enfermos