La exalcaldesa de Valencia

RITA Barberá, exalcaldesa de Valencia –lo fue durante 24 años– y actualmente senadora, plantó ayer a las Cortes valencianas, que la habían emplazado para que diera explicaciones sobre el caso Taula. Esto es, el caso relativo a supuestos amaños de contratos a cambio de comisiones ilegales, y también a operaciones de blanqueo, por el que la juez investiga a todos los concejales populares y a asesores que asistieron a Barberá en su consistorio.

Los estragos causados por la corrupción en el Partido Popular valenciano –que controló la Generalitat de 1995 a 2015, y el Ayuntamiento de la capital de 1991 a 2015– son graves. La lista de altos cargos investigados o condenados incluye desde expresidentes de la Generalitat hasta expresidentes provinciales del PP, pasando por exconsejeros o expresidentes de diputaciones. No es exagerado afirmar que la cúpula del PP valenciano ha propiciado años ominosos.

Hasta la fecha, Rita Barberá no ha sido imputada. En una rueda de prensa convocada la semana pasada, tras guardar silencio largos días, Barberá se mostró ajena a cualquier componenda, y dijo no saber nada de blanqueos, corruptelas o cajas b, ni en su grupo municipal ni en el partido. Cabría señalar aquí que tan generalizado y oceánico desconocimiento colisiona frontalmente con la oceánica dimensión de la corrupción que la rodeaba. Y que quien tan poco vio desde atalaya tan privilegiada, aun suponiendo que fuera inocente de cualquier desaguisado, debería responder por su poca capacidad para advertir y corregir las conductas censurables que se producían en su entorno.

Pero no queremos ahora centrarnos en hipotéticas irregularidades de Barberá, sino alertar sobre lo que su conducta ilustra: una lamentable pasividad ante las acciones irregulares y un muy mejorable decoro democrático. Barberá no puede desatender el requerimiento del parlamento valenciano diciendo, como ha dicho, que la investigación se halla bajo secreto sumarial, o que ella no se somete a “tribunales populares y totalitarios” (en alusión a la actual mayoría parlamentaria de izquierda). A estas alturas, la exalcaldesa debería distinguir entre sus responsabilidades judiciales o penales, si las hubiera, y sus responsabilidades políticas, que la obligan a comparecer ante el parlamento valenciano. Barberá quizás tenga algún motivo para creer que su actitud recalcitrante es la más oportuna. Pero esa misma actitud es incomprensible para todos los ciudadanos que creen que los políticos son, ante todo, servidores públicos; y que las sombras sobre su labor minan irremediablemente su crédito.