La crisis presupuestaria autonómica ‘resucita’ un impuesto sobre el alquiler
Madrid y Asturias se suman a Catalunya y requieren a los inquilinos el pago del ITP
Las necesitadas arcas autonómicas son un buen acicate para incrementar la vigilancia en el cumplimiento de los contribuyentes con el fisco. Aunque el ámbito de actuación es mucho más estrecho que el de la Agencia Tributaria, algunas comunidades han optado por sacar mayor partido de sus tributos propios y “resucitar”, por ejemplo, la aplicación del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) a los inquilinos. Catalunya y más recientemente Asturias y Madrid han reforzado el cobro de este impuesto del que gran parte de la ciudadanía ignora su existencia. Y, contra el desconocimiento y la desmemoria, van llegando los requerimientos desde el fisco para inquilinos despistados.
La aplicación del ITP al arrendatario de una vivienda –los locales comerciales no están afectados– se estableció por ley de ámbito estatal en 1993. Con el paso del tiempo fue declinando su abono, a medida que se dejó de comprar en los estancos el papel timbrado con el que se formalizaban los contratos de alquiler. Desde el registro de asesores fiscales del Consejo General de Economistas (Reaf-Regaf) señalaron hace unos días que algunas haciendas autonómicas están reclamando este impuesto a contribuyentes de los que tienen constancia que han firmado en los últimos años, mediante un requerimiento. Los asesores fiscales detallan que, en la mayoría de comunidades hay que abonar a Hacienda 30,77 euros –36 euros, en Catalunya– al firmar un contrato de un alquiler de 600 euros por cada año de duración del acuerdo entre arrendador y arrendatario. En la actualidad, lo más habitual es que tengan una duración de tres años.
En el caso de Catalunya, el ITP al arrendatario se modificó con la ley de acompañamiento del 2014. La Generalitat fijó un tipo de transición a aplicar del 0,3% para el 2014 y, desde el 2015, es del 0,5%. Desde la última actualización normativa del ITP, la recaudación de este impuesto se ha incrementado sensiblemente en Catalunya. Si en el 2013, el fisco ingresó por este concepto casi 482.000 euros, un año después la cantidad se multiplicó por más de cinco hasta rozar los 2,8 millones de euros. El año pasado, coincidiendo con la subida del tipo impositivo, recaudaron 6,4 millones. No sólo han aumentado los ingresos por el citado concepto, también el número de alquileres por los que se tributa: en el 2013, apenas fueron cerca de 7.000, mientras que en el año pasado ya superaron los 64.000. Una parte del aumento de la recaudación se debe a la campaña especial lanzada el año pasado para reclamar el pago de l impuesto y que llevó a la hacienda catalana a enviar más de 5.000 requerimientos.
En la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, recuerdan que nunca han dejado de cobrar el ITP a los inquilinos cuando firman el contrato de alquiler, aunque reconocen que en los últimos meses están enviando requerimientos a los contribuyentes que recientemente han alquilado una vivienda. ¿A quiénes están enviando estas comunicaciones? El listado procede, aseguran, del “cruce de datos de la administración tributa- ria”. Entre las informaciones a su disposición, figura el registro de contratos de alquiler y avales del Instituto de la Vivienda (Ivima) o los beneficiarios de la desgravación autonómica para inquilinos.
En todo caso, aclaran fuentes oficiales, estas liquidaciones no incluyen recargos, por no haber tributado en el momento de firmar el contrato. Según la consejería de Hacienda madrileña, el ITP al alquiler ha generado unos ingresos de poco más de 600.000 euros anuales entre el 2012 y el 2014, es decir, una recaudación mucho más modestos que la de Catalunya. No han publicado todavía el balance sobre el último año.
La consejería admite además que están realizando un gran esfuerzo para detectar cualquier fuente de fraude e incumplimientos fiscales, aunque sea de pequeño importe. Así, han pasado de revisar el 50% de las declaraciones de tributos propios que se liquidan (sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos) a comprobar el 100%.
El último informe de los asesores
MÁS CELO Ante el desuso de comprar un contrato de papel timbrado, el fisco envía un requerimiento
fiscales del Consejo General de Economistas sobre la financiación autonómica critica las amplias diferencias entre comunidades. No es del todo el caso del ITP sobre el alquiler de vivienda. Catalunya está algo por encima del grueso de autonomías que siguen el tipo base fijado por el Estado. Sólo se salen también de la pauta Vizcaya –que grava con 130 euros un contrato de alquiler por un año de 600 euros– y, en el otro extremo, Navarra –hay que abonar 28,8 euros–.