Críticas por la moratoria turística en Barcelona
La oposición teme que la medida de Colau alimente la inseguridad jurídica y afecte a la creación de empleo
La prórroga de un año de la moratoria turística está desatando un profundo malestar entre la clase política y empresarial. Porque la medida viene a alimentar la incertidumbre en un sector que no cesa de denunciar que la inseguridad jurídica que planea sobre la ciudad está restando competitividad a Barcelona, que esta medida no hace sino alimentar una incertidumbre y un desasosiego que no ayudan a los negocios. Y, además, porque muchos, demasiados, se enteraron de la noticia por la prensa. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau no realizó ningún anuncio al respecto, simplemente lo publicó en el Boletín Oficial de la Provincia. El Ayuntamiento insiste en que la medida sólo obedece a cuestiones administrativas, que su intención es la de levantar la moratoria este julio tal y como estaba previsto, que única- mente quiere asegurarse de que el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, el Peuat, está aprobado de modo definitivo antes de que concluya la suspensión de marras.
Aun así, las formas del gobierno están siendo tildadas de opacas y poco transparentes. Y lo que subyace como telón de fondo en todo este asunto es que es que las negociaciones para aprobar de manera definitiva el Peuat, la norma que determinará dónde y cómo se pueden abrir nuevas plazas turísticas, serán muy complica- das. El gobierno tendrá serios problemas para reunir los apoyos necesarios para aprobar de modo definitivo el Peuat. Al menos para aprobarlo tal y como está planteado. Según Sònia Recasens, desde las filas de CiU, “la estrategia del gobierno está perjudicando a toda la ciudad, y no la comparte nadie. Con esta prórroga están reconociendo las dificultades que tie- nen para encontrar apoyo a sus planes. Su política de gestos está provocando inseguridad jurídica y graves afectaciones sobre la actividad económica”.
El republicano Jordi Coronas también destaca que esta prórroga pone de manifiesto las dificultades del gobierno para llegar a acuerdos. “Lo que tienen que hacer es negociar el Peuat con el resto de grupos –subraya–, y perseguir los pisos turísticos ilegales”. Carina Mejías, de Ciutadans, critica las formas, dice que la prórroga se estableció “sin previo aviso, con opacidad y por la puerta de atrás. Es una nueva imposición de la alcaldesa que carece de consenso y que ni siquiera anunció al resto de grupos”. El socialista Jaume Collboni señala que “cualquier medida ha de ser contemplada en el marco de un plan estratégico de turismo que se ha de elaborar con urgencia, mientras tanto las medidas que se están realizando son estrictamente provisionales”. Alberto Fernández, del PP, dice que la prórroga “es un chantaje a los emprendedores que perjudica la creación de empleo”. La CUP, no obstante, entiende que el gobierno se queda corto y pide “suspender indefinidamente la tramitación de licencias para establecimientos de alojamiento turístico”.
La críticas ilustran las dificultades del gobierno para sacar adelante su restrictivo plan de alojamientos