Beneficio colaborativo
El anfitrión suele recibir 5.100 euros anuales al alquilar su casa a los viajeros
Repartiéndose unos ingresos que rondan los 115 millones de euros, más de nueve mil barceloneses acogieron el año pasado a turistas mediante la plataforma de alquiler compartido Airbnb, que tiene en la capital catalana una de las principales fuentes de beneficio, aunque la compañía no facilita datos de su facturación.
Más de 9.000 barceloneses ingresaron el año pasado unos 115 millones de euros gracias a la plataforma de alquiler compartido de Airbnb. Los ingresos típicos para un anfitrión de Barcelona rondan los 5.100 euros anuales.
Sí, es una cantidad que es inferior a la renta mínima, pero que constituye un complemento de ingresos para miles de habitantes de la capital catalana que así obtienen, de aquellos viajeros y turistas con los que comparten la casa donde residen habitualmente, un dinero extra para hacer frente a sus gastos.
En concreto, el titular del alojamiento puesto en alquiler en esta plataforma online acostumbra cobrar esta suma (que no es la media aritmética, sino la mediana, es decir la cifra que más se repite o la más común) al turista que se instala en una habitación de su piso o bien su totalidad (cuando él está ausente), durante un periodo promedio de 58 noches. Su perfil: 38 años de edad y con una vivienda situada fuera de Ciutat Vella.
La compañía californiana, que no cotiza y que, por lo tanto, no facilita datos de beneficios y de facturación, quiso ayer hacer públicas las cifras referentes a Barcelona, que es la cuarta ciudad más importante del mundo para sus negocios.
Una de las críticas que dirigidas a esta empresa de la llamada economía colaborativa es que, al ser un negocio que no tiene todavía regulación específica, parte de este importe podría ocultarse a Hacienda. No obstante, Airbnb defiende que toda la operación se lleva a cabo con la máxima transparencia. En efecto, la totalidad de las transacciones se lleva a cabo mediante tarjeta de crédito, con lo que existe una trazabilidad del pago. Asimismo, la empresa recuerda que cada año envía al anfitrión la cuenta completa de cuánto ingresó en concepto de alquiler. Eso sí: a partir de ahí, la decisión de declarar ya es puramente individual.
En Francia, donde la regulación de estos negocios está más avanzada, estos días se está discutiendo precisamente sobre esta cuestión. El mes pasado un informe sobre el sector encargado por el primer ministro Manuel Valls sugería que a partir de una cantidad –3.000 euros anuales– la actividad de alquiler pasaría a considerarse como regular y no esporádica y que por lo tanto debería ser sometida a tratamiento fiscal. Uno de los autores del estudio, el diputado Pascal Terrasse, llegó a sugerir que Airbnb debería estar obligada a declarar a la Hacienda francesa los ingresos de sus anfitriones, propuesta de difícil aplicación, aunque sea sólo por el problema del tratamiento de los datos personales.
En cambio, en París (y Ámsterdam) Airbnb sí ha llegado a un acuerdo con la administración para gestionar el pago de la tasa turística. Sólo en el último trimestre de 2015 se pagaron a la capital francesa unos 1,2 millones de euros. Este aspecto también es objeto de discusiones en Barcelona, ya que de momento este tributo sólo se puede recaudar a través de redes de establecimientos profesionales, como los hoteles.
Las autoridades locales, Ayuntamiento y Generalitat, dejan de in- gresar cada años el equivalente de 2,6 millones de euros en este concepto (según cálculos aproximados 900.000 viajeros usan esta plataforma por un estancia de más de cuatro noches). Airbnb ofreció ayer su máxima disponibilidad para contribuir a la recaudación de dicha tasa y ha reconocido que mantiene conversaciones para ello.
En todo caso, el impacto para la ciudad en términos económicos de esta actividad de alojamiento compartido es más que positivo. La compañía estima que en 2015 los usuarios, entre pagos y gastos directos e indirectos , dejaron en Barcelona 740 millones de euros durante el año 2015, frente a los 128 millones de impacto que tuvieron dos años antes, en 2013. Es decir, seis veces más.
Si se cobrara la tasa turística a los usuarios, las autoridades locales podrían recaudar 2,6 millones de euros al año