Catalunya, la crisis y la economía
El callejón sin salida político en que está Catalunya, y España, hace que no se aborden con firmeza los grandes problemas que nos ha dejado la gran recesión que se origina con la crisis internacional que empieza en el 2007. Los desequilibrios en el crecimiento económico ya venían de antes, sobre todo del periodo de la burbuja inmobiliaria, que fue acompañada de la derivación de recursos hacia sectores de baja productividad y de un aumento notable de la corrupción. El crecimiento diferencial positivo con respecto a la eurozona en el periodo 20002007 provino más de la expansión insostenible del sector inmobiliario y de la construcción que de un incremento de la productividad. En este modelo de crecimiento se dispuso de una mano de obra abundante con salarios reales contenidos gracias a una llegada masiva de inmigración y el abandono prematuro de los estudios por los autóctonos. El flujo migratorio fue formidable: mientras en el 2000 la población extranjera no llegaba al 3% del total, en el 2008 estaba en el 15%.
El panorama después de la crisis no tiene buena pinta, aunque haya supuesto una reestructuración y un fortalecimiento de las empresas que lo han sobrevivido. En efecto, mientras la industria y los servicios destruyeron el mismo número de puestos de trabajo durante la crisis y hasta el 2013, en la recuperación se crean tres veces más en el sector servicios que en la industria, y la construcción representa porcentualmente menos de la mitad del empleo que en el 2008. Las exportaciones crecen acompañadas de una reducción de los costes laborales y una recuperación de la competitividad, pero con un coste social muy alto. La población en riesgo de pobreza ha aumentado de manera notable, aunque muy por debajo de los niveles de la media española. Catalunya ha pasado de niveles por debajo de Alemania antes de la crisis a niveles un poco superiores, mientras que, por ejemplo, Holanda ha conseguido mantener el nivel de pobreza relativa bajo y estable antes y durante la crisis. La desigualdad en la distribución de la renta disponible ha pasado de estar por debajo de la media de la Europa de los 15 a un poco por encima. El aumento en la desigualdad en los ingresos laborales se debe en tres cuartas partes al aumento del paro y en una cuarta parte a las diferencias salariales, con persistencia de un alto porcentaje de trabajadores temporales.
La crisis nos deja un sector público muy endeudado y una rebaja importante en el esfuerzo en investigación y desarrollo (I+D). Este último es un hecho diferencial entre Catalunya (y España) con los países europeos que han mantenido y aumentado el esfuerzo en I+D durante la crisis. No es un buen augurio para la productividad futura. El gran reto económico de Catalunya es cómo mantener y ampliar los niveles de bienestar, y que se puedan corregir las consecuencias sociales negativas de la crisis. Hay que actuar en varios frentes.
En primer lugar, se tiene que mejorar la educación, reducir el fracaso escolar e instaurar una formación profesional adaptada a los requerimientos del tejido productivo. En segundo lugar, hay que dirigir las carencias en la cadena educación-investigación-innovación-emprendeduría para transformar conocimiento en actividad económica. En tercer lugar, hay que eliminar las barreras a la reasignación de recursos entre sectores y empresas hacia usos más productivos dado el cambio tecnológico que supone la digitalización, que hace obsoletos lugares de trabajos existentes y crea nuevos. Hace falta también aumentar la transparencia de las administraciones y profundizar en la política de la competencia en los mercados de productos y servicios. En cuarto lugar, hay que profundizar en los mecanismos de financiación de las pymes y de capital riesgo con un desarrollo adecuado de los mercados financieros. Sin una política activa será difícil mantener y ampliar la tradición industrial, junto con la capacidad comercial y exportadora, como motor de la productividad. Finalmente, hace falta mejorar las infraestructuras deficientes (transporte de mercancías por ferrocarril, accesos ferroviarios y viarios al puerto de Barcelona, red de cercanías) y obtener capacidad de gestión autónoma de las infraestructuras. Además, en general, un aumento de capacidad política autónoma permitiría políticas económicas y sociales adaptadas a la realidad del país. Con eso se podría acarrear capacidad de decisión económica dada la necesidad de algunos sectores de estar cerca de los organismos reguladores y de las grandes contrataciones públicas. Tener más sedes de empresas ensancha el mercado de trabajo de alta calificación y los servicios adelantados en las empresas, sirviendo de atracción a otras sedes empresariales. Sin embargo, la falta de reforma en España de la estructura del Estado, y de reforma política general como, por ejemplo, en la erradicación de la corrupción, constituye un obstáculo añadido a la recuperación económica. Estos sólo son algunos de los retos que se tendrían que afrontar. Tenemos ante nosotros problemas a largo plazo, como hacer frente al envejecimiento de la población y cómo adaptarnos a las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Tendríamos que poner las luces largas.
El reto es cómo mantener y ampliar los niveles de bienestar y corregir las consecuencias sociales negativas de la crisis