El TSJC anula la concesión del agua del Àrea Metropolitana
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la concesión realizada en el año 2012 a la empresa público-privada que gestiona el ciclo integral del agua en el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al estimar los recursos presentados por Aguas de Valencia y Acciona en contra de esta decisión. El tribunal considera que la administración no justificó suficientemente la adjudicación directa a la sociedad mixta formada por Agbar y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y anula la concesión porque “no se han respetado los principios que rigen la contratación pública” al realizarlo por medio de un procedimiento sin publicidad ni concurrencia. El fallo considera que la AMB no justificó ade- cuadamente su decisión de aplicar la excepción de convocar concurso público. Según la sentencia, la administración no ponderó adecuadamente la entidad de los derechos históricos de Agbar ni el valor de la red de distribución ni justificó “que la cuantía de unos y la otra imposibilitase la concurrencia de otras compañías que pudieran estar interesadas”.
Aigües de Barcelona recurrirá la sentencia, que no es firme y admite recurso ante el Tribunal Supremo. El TSJC no cuestiona la capacidad de prestar el servicio por parte de Agbar y reconoce que la sociedad mixta tiene acreditados los derechos sobre la red de distribución de agua potable que da servicio a los ciudadanos de 23 municipios del área metropolitana de Barcelona. La empresa deja claro que continuará prestando el servicio hasta que el Supremo no se pronuncie y defiende la inviabilidad económica de expropiar los activos reconocidos por Agbar. En ese sentido, el presidente de la Mesa ha emitido un voto particular contrario a la sentencia por- que considera que las inversiones realizadas por Agbar durante casi un siglo en la red de abastecimiento a los municipios afectados “impedían promover una concurrencia real y efectiva”. Desde la empresa mixta argumentan que la sentencia enmienda la creación de la sociedad públicoprivada como consecuencia de que el AMB no hizo constar en el expediente la inviabilidad económica de expropiar los títulos existentes. “El cuestionamiento responde exclusivamente al procedimiento administrativo”, constatan.
Aigües de Barcelona asegura que seguirá gestionando el servicio como en la actualidad