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El grave conflicto institucional que existe entre el Gobierno en funciones y el Parlamento nacional; y los cuestionables movimientos del expresidente Lula da Silva para dificultar las actuaciones en su contra de la justicia brasileña.
LA tensión por la convulsa situación política de Brasil subió notablemente después de que la presidenta, Dilma Rousseff, nombrara ministro a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de aforarle e impedir que el juez del caso Petrobras pudiera ejecutar en su contra la orden de prisión al desviar la investigación al Supremo. Un juez federal suspendió provisionalmente ese nombramiento, mientras miles de personas volvían a manifestarse contra la maniobra para favorecer al mítico líder del Partido de los Trabajadores (PT). Una crisis institucional que se suma a la política y a la social que agitan el país más rico de Latinoamérica.
A casi cinco meses para la inauguración de los Juegos de Río de Janeiro, con una economía que se contrajo el 3,8% en el 2015, con su correlato de recortes y subidas de impuestos, y con nulas perspectivas de mejora, el escándalo de corrupción de la petrolera brasileña que afecta a la presidencia de la República, al expresidente y al PT en su conjunto ha avivado las protestas de la oposición y de los ciudadanos hasta cotas de rebelión popular.
La caída de inversiones de Petrobras por el desplome global de los precios del crudo ha evidenciado la poca capacidad del sistema de capitalismo de Estado institu- cionalizado en Brasil desde la llegada de Lula al poder, en el 2003. Ciertamente, sirvió para sacar a millones de personas de la miseria, pero su espectacular crecimiento careció de bases sólidas por la ausencia de reformas estructurales, lo que ha provocado una caída de la confianza del consumidor y una pérdida de puestos de trabajo que se calcula en un millón y medio en el 2015. Un escenario que se ha agravado por las denuncias de corrupción que, para los partidarios del PT, son un intento de golpe de Estado.
Si desde un punto de vista ético resulta condenable aforar a un investigado por corrupción, como pretende la presidenta Rousseff, también es sorprendente que sea el mismo juez del caso Petrobras quien filtre a la opinión pública la polémica conversación entre Rousseff y Lula, cuando la primera avisa al segundo que le manda el nombramiento de ministro –ahora anulado por otro juez– para que lo utilice en caso de que la policía se presente en su casa para detenerle.
El resultado de todo ello es que la escalada de denuncias cruzadas entre opositores y partidarios del PT, así como la batalla institucional entre la justicia y el Ejecutivo y la progresiva radicalización de las posiciones, no facilita la calma necesaria para que Brasil salga de la crisis en la que se encuentra.