El Gobierno se ampara en Catalunya y Andalucía

Catalunya y Andalucía han vivido situaciones parecidas a la que tiene lugar en España, con gobiernos en funciones por investiduras fallidas. Estos antecedentes, más el propio informe de los servicios jurídicos del Congreso son en los que se ampara el Gobierno para negarse a ser sometido al control del Parlamento, con el argumento de que si no tiene capacidad política en su tarea, ya que su gestión debe limitarse “al despacho ordinario de los servicios públicos”. Luego si no tiene posibilidad de ejercer ninguna iniciativa política no se le puede hacer un control político. La tesis del Gobierno se ampara el propio informe de los letrados del Congreso, a petición de la Mesa, en el que otorga a la posibilidad de control parlamentario del Gobierno “un carácter singular, limitado y excepcional”, en el que se circunscribiría tanto la comparecencia de García-Margallo ante el Consejo Europeo sobre el Brexit, como el acuerdo con los grupos sobre los refugiados. A lo que se opone al Gobierno es al control normal del Ejecutivo, con plenos de control y comparecencias de ministros, sobre asuntos de anteriores legislaturas, que excede del carácter que le da el informe de los letrados. Un informe que coincide con el del Parlamento de Andalucía cuando Susana Díaz estaba en funciones tras perder dos veces la investidura, y que sobre la función de control dice textualmente “Es evidente que dicha labor carece de sentido frente a un Gobierno que se limita a la gestión ordinaria de los asuntos”. Y también a lo que se hizo en el caso catalán, cuando el gobierno de Artur Mas no tuvo que someterse a ningún control. Con estos precedentes el Gobierno concluye que lo que único que se pretende con las sesiones de control es hacer precampaña electoral teniendo al Ejecutivo como diana de sus críticas, y a eso, asegura, no están dispuestos. / C. del Riego