Conflicto institucional
UNA nueva polémica política está servida. Un nuevo fruto del árbol más característico de la política española: el empecinamiento y la incapacidad de diálogo. El ministro Pedro Morenés no compareció ayer ante la comisión de Defensa del Congreso a pesar de que estaba citado para informar sobre la última reunión de ministros en Bruselas y la operación naval en el Egeo. Ciertamente, la ausencia de Morenés no causó sorpresa, puesto que el Gobierno en funciones y el presidente del Congreso llevan unos días polemizando sobre el fundamento legal de estas comparecencias.
Días atrás, el presidente de la Cámara, Patxi López, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, entablaron por carta posiciones antagónicas, que anunciaban lo que el propio López describía como un “conflicto institucional grave”. Las dos cartas de estos altos cargos públicos conformaron uno de estos clásicos diálogos de sordos tan característicos de la áspera vida institucional española. Patxi López argumentó que el artículo 26.2 de la ley no excluye explícitamente al Gobierno de la exigencia de comparecer ante la Cámara. Y sostenía que la función de control de la acción del Gobierno está reconocida en el artículo 66 de la Constitución, “aun estando el Gobierno en funciones respecto de aquellas cuestiones que son de su competencia”.
En su respuesta, la vicepresidenta argumentaba que el Gobierno en funciones “no puede ni debe estar sometido al control de una Cámara que no le ha otorgado su confianza”. Tras recordar que, desde el 20 de diciembre, el Ejecutivo tiene limitadas sus facultades “al desarrollo de actividades de carácter puramente administrativo que no impliquen orientación política alguna”, Sáenz de Santamaría descartaba la posibilidad del control parlamentario del Gobierno en funciones en “estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y del régimen de democracia parlamentaria que los españoles nos otorgamos en la Constitución de 1978”. Si no lo remedia el sentido común, este “conflicto institucional grave” acabará en el Tribunal Constitucional.
Una vez más, tras una muralla de argumentos jurídicos, las instituciones están desviando una diferencia política al terreno de los jueces. De nuevo lo que podría solucionar el diálogo franco y abierto se deriva al poder judicial. Es cansino tener que constatar que, una vez más, nuestra democracia queda bloqueada por la incapacidad de aceptar el diálogo como método para afrontar las diferencias.
Este nuevo choque es fatal para España. Llevamos meses de provisionalidad, pero la realidad no se ha detenido: la situación económica sigue complicadísima, el contexto internacional se afea a ojos vista (sin olvidar que algunos espinosos temas internos, como la corrupción o la situación catalana, siguen a la espera de una respuesta verdaderamente política). ¿Qué necesidad hay, pues, de complicar más las cosas? ¿Tan difícil es acordar una fórmula consensuada que, más allá de argumentos legales, permita, en nombre del sentido común, la comparecencia del Gobierno en funciones ante la representación parlamentaria del pueblo?
No es fácil entender qué beneficios espera obtener Rajoy sin ofrecer una alternativa. Si no se ha descartado aún como opción de futuro, Rajoy, consensuando las comparecencias de sus ministros, podría anticipar el talante de apertura y transparencia que los tiempos y el complicado resultado electoral reclaman.