El fiscal sólo salva 3 de las 16 denuncias al pederasta confeso de los Maristas
El Govern ha abierto 20 expedientes por abusos de profesores en la última década
Armarse de valor para denunciar los abusos sexuales sufridos durante la etapa escolar no es suficiente para que la justicia actúe si no se hace dentro de un plazo determinado. El fiscal notificó ayer al juez, que investiga el caso de los abusos del exprofesor de gimnasia de los Maristas Joaquín Benítez, que sólo 3 de las 16 denuncias que se han presentado pueden seguir investigándose. El resto estan prescritas. Esto quiere decir que a pesar de que los hechos sean verosímiles no se podrán perseguir ni castigar penalmente porque la responsabilidad del infractor ha quedado extinguida por el paso del tiempo.
Sobre la mesa del juez figuran diez casos de exalumnos de los Maristas que denuncian haber sufrido abusos de Joaquín Benítez en los años ochenta. Estas personas tienen una edad en torno a los 45 años y decidieron romper el silencio contra su profesor después de ver la campaña que empezó Manuel B., el padre que destapó el caso públicamente. Sin embargo, según el Código Penal, estas denuncias han caducado. Para que un delito de abu- sos sexuales graves se considere prescrito basta con que hayan pasado sin denunciar cinco años desde que la víctima cumpla la mayoría de edad. Si los abusos son de carácter leve, prescriben tres años después de que el afectado cumpla los 18 años. Y en caso de violaciones, la responsabilidad se extingue a los 15 años.
No obstante, el fiscal considera que hay tres denuncias de chicos de 22 años que todavía siguen vigentes. Dos de las víctimas ya relataron ante el juez los abusos a que fueron sometidos por parte del profesor de gimnasia. Ahora, todo apunta a que el instructor querrá escuchar el testimonio de esta tercera víctima cuyos abusos no están prescritos y la citará a declarar en los próximos días. En la denuncia relató como en varias ocasiones mientras estaba tum- bado en la camilla el profesor de educación física frotó sus genitales en su trasero.
Pero quizás esta no sea la última víctima que aparezca contra Benítez. Existe la denuncia de un joven de 22 años que el fiscal ha dado por prescrita porque los abusos se produjeron sólo en una ocasión, pero que su abogado considera que se podría dar por válida puesto que hubo varios intentos de abuso que convertirían el delito en grave.
Ahora el juez tendrá la última palabra sobre la argumentación del fiscal pero todo hace pensar que le dará la razón. Los 13 denunciantes cuyo caso ha quedado prescrito tienen un año para poder interponer una demanda por la vía civil para reclamar daños y prejuicios contra el exprofesor.
Sin embargo el gran número de casos que están saliendo a la luz estos días a raíz del caso Benítez contrastan con los datos por abusos sexuales de profesores a estudiantes recogidos por la Generalitat en la última década. Según estas cifras, desde el año 2006 el Departament d’Ensenyament ha abierto 20 expedientes docentes acusados de haber abusado de alumnos. De ellos, nueve cuentan con sentencia condenatoria (sie- te ya son firmes), cuatro fueron absolutorias y siete están en fase de instrucción. De estas últimas, dos corresponden al caso de los Maristas. O sea, que son recientes. Unas cifras que dejan entrever que los centros escolares no han tenido al Departament d’Ensenyament como interlocutor para denunciar o gestionar los casos de abusos que se detectan en las escuelas, aunque la secretaria general de la Conselleria, María Jesús Mier, explicó que el protocolo de abusos a menores funciona y se ha puesto en marcha en numerosas ocasiones “siempre que ha hecho falta”.
Pero la lucha de estas víctimas para romper el silencio y denunciar a los profesores que impusieron su autoridad para abusar de
Un psiquiatra víctima de abusos impulsa una campaña para que los delitos de abusos a menores no prescriban
ellos ha abierto también una lucha paralela contra la prescripción de los delitos de abusos a menores. Un psiquiatra que fue víctima de abusos a los 16 años puso en marcha ayer una campaña en internet a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno y al Congreso un cambio legislativo para que los abusos sexuales a menores no prescriban. El objetivo es evitar que, como en su caso, cuando se atrevió a denunciar a los 22 años ya era demasiado tarde.