El AMB no recurrirá la sentencia
El Ayuntamiento de Barcelona cree que el fallo que anula la empresa mixta abre la puerta a la gestión pública del agua
El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha anulado la concesión a una empresa mixta, en la que está Agbar, de la gestión del agua en esta región. Todo lo contrario. Según anunció ayer la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento y vicepresidenta de la AMB, Janet Sanz, la decisión judicial supone “un punto de inflexión” para avanzar en la dirección que defienden numerosas entidades cí- vicas y la alcaldesa de Barcelona y actual presidenta de la AMB, Ada Colau: la implantación de un modelo público de gestión del agua.
Janet Sanz explicó que el Ayuntamiento de Barcelona está analizando la sentencia para decidir qué pasos seguir a partir de ahora. En cualquier caso sí dejó claro que la AMB no recurrirá la sentencia, ya que la resolución “reafirma los argumentos que ya cues- tionaron en su día la misma constitución de la sociedad, poniendo en duda todo lo relacionado con la adjudicación directa del servicio”. Sanz añadió que un modelo de gestión pública –el gobierno de BComú, a menudo, ha planteado la municipalización del servicio– beneficiaría a la ciudadanía. De momento, aseguró, la decisión judicial no tendrá ninguna afectación y el servicio se seguirá prestando con toda normalidad.
La sentencia no es firme todavía. Se puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo. La empresa adjudicataria ya ha anunciado que la recurrirá y que, mientras tanto, seguirá prestando el servicio hasta que se pronuncie la instancia judicial superior. El TSJC dictaminó sobre la base de los recursos presentados por las otras empresas que optaban a la concesión.
Algunas formaciones del Ayuntamiento de Barcelona se manifestaron ayer respecto a esta sentencia y las implicaciones que puede tener en el Consistorio barcelonés. Una de las primeras en hacerlo fue la presidenta del grupo municipal de Ciutadans, Carina Mejías, quien ha instado al AMB a “garantizar la provisión de agua a los 36 municipios del área para que no se vean perjudicados tres millones de habitantes”. Mejías pidió “prudencia y respeto” ante lo que dicten los tribunales y dijo que exigirá al gobierno metropolitano que “dé respuesta a la inseguridad jurídica creada”. Y advirtió que en un futuro inmediato puede desatarse un enfrentamiento político en el seno del gobierno de la AMB, formado por Entesa (formación que incluye a BComú), PSC y ERC, ya que estas formaciones –que en el Ayunta-
Todas las partes aseguran que la decisión judicial no afectará a la prestación del servicio
miento de Barcelona están negociando cuestiones tan importantes como la modificación presupuestaria del 2016 o incluso la incorporación al gobierno de la ciudad– mantienen posiciones dispares sobre cómo ha de gestionarse el agua.
Por su parte, el popular Alberto Fernández ha acusado a la alcaldesa Ada Colau de “opacidad” al recordar que en julio de 2015,
cuando se hizo cargo de la presidencia metropolitana, “se comprometió a impulsar una auditoría económica, financiera y jurídica para evaluar la situación de la sociedad mixta en lo que respecta al proceso de constitución y adjudicación del suministro de agua”. “Nueve meses después– denunció el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona– siguen sin presentarla y ni si-
quiera han informado sobre si esa auditoría ha sido encargada”. Según Fernández, es sorprendente que hayan sido primero los tribunales los que han resuelto este procedimiento.
Algunas entidades ciudadanas como la Plataforma Aigua és Vida también han aprovechado la sentencia del TSJC para reivindicar la gestión pública del agua en el área metropolitana.