La larga interinidad política en España descoloca a la Unión Europea
La Comisión suspende un viaje a Madrid para preparar un nuevo plan de reformas
Berlín, Zagreb, Roma, Nicosia, Lisboa, Varsovia, París... Los comisarios del área económica del equipo de Jean Claude Juncker tienen estas semanas una apretada agenda de viajes. A finales de abril, los estados miembro están llamados a presentar sus planes nacionales de reformas y programas de estabilidad, unos planes que el vicepresidente Valdis Dombrovskis y comisarios como Pierre Moscovici (Asuntos Económicos) o Marianne Thyssen (Empleo) quieren debatir y preparar personalmente con los gobiernos, para tratar de que se ajusten todo lo posible a las recomendaciones oficiales. Sólo se echa en falta una capital en su gira europea: Madrid.
“Estuvimos preparando una visita antes de los dos intentos de investidura de Pedro Sánchez porque esperábamos que hubiera gobierno, pero hemos decidido posponerla y ahora mismo no tenemos planes de ir a España”, explican fuentes de la Comisión Europea. En el nivel técnico, los contactos no se han interrumpido, subrayan, pero la situación política española no permite emprender una discusión a fondo sobre las reformas que el país tiene pendientes: “Un gobierno en funciones no puede comprometerse con reformas radicales ni con grandes cambios respecto a lo que ya está en el papel. Es comprensible, pero nos coloca en una especie de limbo”.
No es, obviamente, la primera vez que la formación de gobierno se demora más de tres meses en la Unión Europea. El récord lo tiene Bélgica, con 541 días, pero también en Holanda son habituales largos periodos de interinidad mientras se negocia una coalición. Esta situación choca, sin embargo, con la rigidez de las normas comunitarias. “La regulación prevé que los estados miembro nos envíen sus planes nacionales de reformas con suficientes respuestas a los problemas detectados. En el caso de España, con la actual situación política, sabemos que no es posible, pero en algún momento tendremos que tener una conversación”, afirman las fuentes, que no descartan que se acabe programando alguna visita.
Más delicado es el expediente por déficit excesivo que pesa sobre España. Tanto el Gobierno como la Comisión reconocen que el año pasado se produjo una desviación. Madrid sostiene que la meta fiscal de este año –un desfase entre gastos e ingresos equivalente al 2,8% del PIB– es alcanzable si la economía sigue creciendo al ritmo actual, pero Bruselas no comparte ese criterio. Incluso en el remoto supuesto de que se formara un gobierno en las próximas semanas, el 2016 sería un año perdido a efectos de corrección del déficit, porque no hay margen para compensar los derrapes acumulados, una situación que podría acentuarse si finalmente hay nuevas elecciones y no se forma gobierno hasta el segundo semestre.
Aunque un gobierno en funciones no puede cambiar el presupuesto, Bruselas no deja de recordar a España sus compromisos. El ajuste por la desviación del 2015 (4,5% según Rajoy, frente al objeti-
DESVIACIÓN REAL Europa cree que el 2016 será un año perdido para España a efectos de corrección del déficit
AMENAZA DE MULTAS Bruselas pide controlar el gasto local y autonómico; si no, hay riesgo de sanciones
vo del 4,2%) y la que la Comisión anticipa para el 2016 (3,6% en lugar del 2,8%) ronda los 10.000 millones. La presión está ahí.
En la “recomendación autónoma” enviada a primeros de mes, la Comisión pide al Gobierno que aplique con firmeza la ley de estabilidad presupuestaria y evite desvíos en el gasto local y autonómico. “España debe informar a la Comisión sobre las medidas tomadas en respuesta a la presente recomendación en la actualización de su proyecto presupuestario para el 2016 o, a más tardar, en una sección específica de su próximo programa de estabilidad del 2016”, el documento que se espera a finales de abril. Si España ignora la recomendación, la Comisión podría hacer avanzar el procedimiento sancionador, lo que conllevaría multas de hasta el 0,2% del PIB. Aunque aplicar la ley, aducen en Bruselas, no es una opción política sino un deber, la posibilidad de que se repita las elecciones complica aún más la situación.