Prosigue la causa del 9-N
Los fiscales rechazan archivar la causa de Mas, Ortega y Rigau
La Fiscalía del TSJC insiste en mantener la imputación contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sostiene que “existen sólidos indicios delictivos” contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N, y se opone al archivo de las investigaciones sobre la consulta.
En un escrito conocido ayer, y remitido al magistrado del TSJC que instruye la causa, Joan Manel Abril, los fiscales se oponen a las pretensiones de las defensas de Mas, Ortega y Rigau en el sentido de archivar el asunto, por entender que no cometieron ningún delito. El Ministerio Público insiste en que sí, y que aparentaron “que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así. La utilización de medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano”.
Como ya se ha publicado, el Tribunal Constitucional acordó el 4 de noviembre la suspensión del proceso participativo, “así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”. Esta decisión, se puede leer en el escrito de la Fiscalía, fue comunicada directamente por el presidente del TC al presidente de la Generalitat por correo electrónico el mismo 4, en el que se adjuntaba una carta del citado presidente del TC y la providencia. Es por ello, argumentan los fiscales, que Artur Mas no puede alegar desconocimiento de la situación, a pesar de lo cual continuaron los trabajos, encargados en gran parte a contratistas privados.
Este es el núcleo de la acusación de desobediencia que se plantea; el delito principal por el que se acusa, aunque de ellos se pueden derivar otros, como la prevaricación y la malversación de caudales públicos. Este última tiene una trascendencia especial, pues mientras los primeros llevan aparejadas inhabilitación en caso de condena, en este ya se trata de penas que pueden superar los tres años de prisión.
La Fiscalía sostiene que no se interrumpieron los contratos y que las facturas se abonaron íntegras después de la suspensión por parte del TC, y que se usaron “cuantiosos recursos financieros públicos” para la consulta. E incluso recalca que el número de portátiles comprados en teoría para escuelas, 7.000, es prácticamente exacto a los necesarios para la jornada del 9-N, por lo que pudieron ser adquiridos expresamente para ello. El escrito señala que “las tareas organizativas y logísticas” públicas continuaron , con “sigilo y opacidad”, con la participación de Mas, Ortega, Rigau y Homs, sobre el cual se ha pedido al Tribunal Supremo que asuma la competencia por estar aforado allí.