La juez embarga a Castro el 30,1% de Grupo Hesperia
La medida busca lograr 31,5 millones para los acreedores de Bankpime
Bárbara Córdoba, titular del juzgado mercantil 9 de Barcelona, inició hace unos días el embargo de cuentas corrientes, cuentas a cobrar, participaciones empresariales y diversos inmuebles de cuatro sociedades de José Antonio Castro, propietario de Hesperia, en busca de 31,5 millones de euros. Las sociedades Construcciones José Castro, Hepestel, Souca y Barcelona Park II –controladas por el citado empresario– fueron condenadas el año pasado a pagar 22,5 millones a Ipme 2012, la sociedad heredera de Bankpime, en liquidación, después de que la juez considerara probado que las cuatro empresas recibieron préstamos de ella y no los devolvieron. Tras requerir el pago y no lograrlo, la juez ha procedido al embargo de los 22,5 millones y de 9 millones más en concepto de intereses y por las costas de la ejecución.
Tanto la sentencia como la ejecución fueron recurridas por Castro ante la Audiencia Provincial de Barcelona. La sección 15 decidió el pasado 2 de marzo mantener la ejecución de la sentencia –que nunca se paraliza en los concursos de acreedores– pe- ro suspendió el pago de las cantidades que se obtengan, y que permanecerán en el juzgado, hasta que dicte sentencia firme el próximo 7 de abril.
Entre los bienes contra los que se dirigen los embargos se encuentran el 30,1% de Grupo Inversor Hesperia –propietario de una quincena de hoteles y del 9% de NH–, dos gimnasios Metropolitan en Barcelona y Badalona, el 71% y el 41% de las sicavs Mercir e Inbarsabe, cuentas corrientes de las cuatro sociedades condenadas, participaciones empresariales, derechos de cobro frente a terceros como la Agencia Tributaria (devolución de tributos) o Metropolitan (alquileres) y cerca de 50 terrenos, viviendas aparcamientos y locales comerciales.
Ipme, la antigua Bankpime –que traspasó su negocio financiero a CaixaBank durante la pasada crisis– suspendió pagos en el 2012. La compañía fue a la liquidación y la juez, tras la solicitud de una acción de reintegración, condenó a cuatro sociedades de Castro, presidente y máximo accionista (56%) de la empresa, a devolver un préstamo que no había sido reclamado. En paralelo, la juez abrirá ahora el proceso para la calificación (culpable o fortuita) del concurso de acreedores.