Simplificaciones y simplezas
Existe en nuestro país una peligrosa tendencia a la simplificación de los problemas, y al señalamiento de culpables. A menudo se responsabiliza a las compañías de servicios de las dificultades de las familias para afrontar el pago de las tarifas. Al hablar de pobreza energética ponemos el énfasis en la adjetivación, cuando lo grave no es la incapacidad de sufragar la factura de la luz, sino la falta de recursos para la alimentación, la vivienda o el cuidado de los hijos. Algunos no resisten la tentación de proclamar soluciones tan simplonas como falaces: “Municipalizando el servicio, quienes no pueden pagar no pagarán”. ¡Asunto solucionado! Ni siquiera se detienen a pensar que están condenando a pagar la factura al resto de contribuyentes, a la sufridora clase media.
La tendencia a la simplificación viene de lejos: a comienzos del siglo XX, España vivió un episodio parecido, la llamada cuestión de las subsistencias, como se conocían los productos alimenticios básicos. Y se achacó su carestía a los costes del transporte por ferrocarril. La demagogia surtió efecto. El Gobierno decretó la congelación de las tarifas ferroviarias. Obviamente, la medida no resolvió el problema, pero situó en serio riesgo a las compañías de ferrocarril, impidiendo que dispusieran de recursos para invertir y ofrecer el nivel de servicio requerido. El presidente de MZA, Eduard Maristany, en la conferencia ferroviaria de 1905 argumentaba: “No es justo querer imputar en exclusiva a las empresas ferroviarias el problema del encarecimiento de las subsistencias. Es el Estado quien debe dar respuesta por medio de políticas económicas más exitosas”.
En la actualidad, asistimos a una creciente presión contra las concesionarias que prestan servicios públicos. Es el caso de la anunciada municipalización de las guarderías de Barcelona gestionadas por el tercer sector o por una empresa privada. A pesar de tener unas prestaciones superiores a las directamente atendidas por el Ayuntamiento, de la satisfacción de las familias y de
Municipalizando algunos servicios se está condenando a pagar la factura al resto de los contribuyentes, a la sufridora clase media
unos costes sustancialmente menores para el erario público, sus contratos van a ser rescindidos. ¿Cuál es la razón?’
Otro ámbito en donde se manifiesta el frenesí municipalizador es el del agua. Bajo el reclamo de que un bien natural y de primera necesidad no puede ser privatizado, se pretende asumir la gestión directa del servicio.
La referencia es Berlín, donde el gobierno local ha adquirido las acciones de dos empresas que participaban como minoritarias (49%) en la sociedad suministradora. La compra, 1.300 millones de euros, va a ser sufragada por los consumidores, que pagarán mensual y religiosamente durante décadas su amortización. Los berlineses, que, por cierto, disponen de recursos hídricos ilimitados en su subsuelo, pagan por el agua de grifo mucho más que un ciudadano barcelonés, a quien se le suministra agua procedente de presas situadas a 100 kilómetros, de las sofisticadas plantas de tratamiento de los caudales captados del río Llobregat o de la carísima desaladora de El Prat.
No parece muy inteligente ni simplificar los problemas ni dedicarse a la proclama de falsas soluciones basadas en la demagogia. En nuestra sociedad tan compleja, en nuestro mundo necesitado de actitudes cooperativas, algunos planteamientos suenan a viejas subsistencias...