La ineficiencia española
Carles Casajuana desgrana la última obra de Carlos Sebastián, centrada en las razones que han incrementado la ineficiencia económica en España: “El espíritu transformador se fue agotando desde los años noventa y la vieja ineficiencia ha vuelto a asomar su faz, bajo ropajes nuevos pero con los mismos rasgos de siempre. En términos de seguridad jurídica, de facilidad para el emprendimiento, de imparcialidad regulatoria, de calidad del sistema educativo, etcétera”.
El comienzo de Anna Karénina es uno de los más famosos de la historia de la literatura: “Todas las familias felices se parecen; cada familia infeliz lo es a su manera”. De acuerdo con esta idea, para ser feliz una familia debe tener bien resueltas una serie de cuestiones que casi siempre están entrelazadas (armonía conyugal, sustento económico, relaciones con los hijos, etcétera).
Esta idea ha dado lugar a lo que algunos denominan el principio de Anna Karénina, según el cual un pequeño fallo en alguno de los numerosos factores en juego puede condenar una empresa al fracaso (es decir, a la infelicidad). Pongamos, por ejemplo, la eficiencia de un país. Según una corriente que cada día gana más peso dentro del pensamiento económico, todos los países eficientes se parecen: su prosperidad no es fruto de su situación geográfica, ni de sus recursos naturales, sino de unas instituciones inclusivas, aceptadas por todos, y de unas leyes justas y claras que garantizan la igualdad de oportunidades, incentivan la innovación y la competitividad y evitan la aparición de elites extractivas. Los países ineficientes, en cambio, lo son cada uno a su manera.
No cabe duda de que España ya no es aquel viejo país ineficiente del poema de Jaime Gil de Biedma. La transición del franquismo a la democracia y el milagro econó- mico de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado transformaron radicalmente nuestro marco político y económico. Tenemos un nivel de vida alto, en la media de la Unión Europea, con un Estado de bienestar erosionado por la crisis pero todavía muy aceptable, y contamos con empresas punteras en sectores tan competitivos como las comunicaciones, la banca, la ingeniería, la sanidad o la fabricación y distribución textil.
Sin embargo, el espíritu transformador se fue agotando desde los años noventa y la vieja ineficiencia ha vuelto a asomar su faz, bajo ropajes nuevos pero con los mismos rasgos de siempre. En términos de seguridad jurídica, de facilidad para el emprendimiento, de imparcialidad regulatoria, de calidad del sistema educativo, etcétera, los indicadores de la OCDE nos sitúan en los niveles más bajos entre los países de nuestro entorno.
¿Cuál es la razón? ¿Cuál es nuestra manera de ser ineficientes? Un libro de reciente aparición, España estancada: Por qué somos poco eficientes, de Carlos Sebastián, intenta responder a esta pregunta con un análisis pormenorizado de las particularidades y carencias de nuestro Estado de derecho y de las normas que regulan nuestra economía.
La conclusión a la que llega el autor es que el marco en el que se desarrolla la actividad económica en España limita la eficiencia y el emprendimiento a causa de un deterioro institucional que sintetiza en tres factores.
El primero es la invasión por parte de los partidos políticos de espacios institucionales que no les corresponden, como la justicia, los órganos reguladores, la educación y la administración pública. Los partidos han ido erosionando la división de poderes y eliminando elementos de equilibrio del poder propios de un Estado de derecho, vaciando el Parlamento de sus funciones y manipu- lando en beneficio propio los órganos judiciales y de control del poder ejecutivo.
El segundo es el carácter clientelar de la acción política, visible en la contratación pública de bienes y servicios, en la adjudicación de obras y empleos públicos, en la gestión de las concesiones públicas, en distorsiones regulatorias y en sesgos de la supervisión.
El tercero, la devaluación de las leyes y la inseguridad jurídica, causada por el mal funcionamiento de la justicia y por un exceso de normas, a menudo contradictorias y frecuentemente incumplidas no sólo por los ciudadanos sino también por la administración. La afición de nuestros gobiernos –central y autonómicos– a hacer leyes buscando réditos electorales sin preguntarse sobre su eficacia real ha creado una maraña legislativa en la que hasta el Tribunal Constitucional ha renunciado a poner orden.
Curiosamente, para el autor, las deficiencias educativas no son causa sino resultado de este estado de cosas. El alejamiento de los principios meritocráticos, propio de un Estado clientelar, ha contribuido a consolidar unos valores contrarios a la eficiencia y al espíritu de innovación empresarial que desalientan todo esfuerzo en la educación y la formación.
No es este un libro para pasar un rato agradable. Hay capítulos que ponen de muy mal humor. Si el lector desea sentirse a gusto consigo mismo y con el mundo, es mejor que lo deje para otro rato. Pero si desea reflexionar sobre lo que habría que hacer para romper de una vez por todas el círculo vicioso de nuestra vieja ineficiencia, ahora que la crisis que atravesamos nos obliga a cuestionarnos muchas cosas de nuestro marco político y económico, este es un buen libro. Nuestro próximo gobierno, el día que lo tengamos, debería leerlo con atención.
Todos los países eficientes se parecen; los países ineficientes, en cambio, lo son cada uno a su manera