Carlos de Gales mantendrá en secreto sus ostras (y su finca)
El príncipe Carlos de Inglaterra podrá mantener el secreto sobre su finca privada del ducado de Cornualles –un vasto imperio de bosques, granjas e inmuebles urbanos que se extiende en 536 kilómetros cuadrados–, al haber ganado el recurso de apelación contra una decisión judicial que permitía un escrutinio público de su propiedad, equiparando al heredero a la Corona británica a un funcionario público.
El caso se originó en el 2009 con la petición de información por parte de un ecologista, Michael Bruton, quien expresó su preocupación por el posible impacto ambiental de la cría de ostras no nativas en Port Navas, una zona protegida de pastizales y marismas, en el ducado de Cornualles. En el 2011, un tribunal ordenó al príncipe de Gales que debía facilitar los datos que se le pedían, en virtud de la legislación que obliga a los organismos públicos a revelar su historial medioambiental. Sin embargo, ahora un juez ha decidido que el ducado no tiene “ninguna obligación” de proporcionar la información, ya que no es “una autoridad pública”.
El ducado de Cornualles lo fundó el rey Eduardo III en 1337 como fuente de financiación del heredero de la Corona y desde entonces se ha ido transmitiendo a los primogénitos del rey. El primer titular fue su hijo y heredero, el príncipe Eduardo. El territorio se divide en 23 condados e incluye propiedades residenciales y de negocios además de extensiones agrícolas. La parte mayor está ubicada en Dartmoor, en el sudoeste de Inglaterra, donde los agricultores crían ganado y ovejas. El ducado también incluye las islas de Scilly, frente a la costa, conocidas porque en ellas se cultivan flores. También cuenta con una am-
plia cartera de inversiones financieras.
El ducado está valorado en más de 800 millones de euros, pero al ser parte de la Corona está exento del impuesto de sociedades y del impuesto sobre beneficios, pese a que actúa como una empresa y proporciona unos ingresos anuales en torno a los veinte millones de euros. Sin embargo, el príncipe Carlos paga impuestos en una cifra equivalente a la que sería su declaración de renta.
La piscifactoría que está en el centro del litigio cultiva una variedad de ostras originaria del Pacífico, lo que según el demandante no es compatible con el ecosistema de la zona y puede dañar la biodiversidad en esas aguas.