Barcelona, más tolerante con la ‘okupación’ de locales municipales
Colau considera la usurpación de estas propiedades una oportunidad
El Ayuntamiento de Barcelona está aplicando una política de marcada tolerancia con los okupas de edificios y locales de titu- laridad municipal. Sólo en caso de que se produzca una rebelión vecinal por las molestias de los ocupantes, se acaba tramitando el desalojo. La oposición lamenta que esa actitud entorpezca nuevos proyectos y denuncia un efecto llamada.
Hace pocos días varios jóvenes adecentaban el último inmueble municipal okupado en Barcelona, las cinco plantas del número 9 de la calle Sant Bernat, una antigua escuela de adultos del Raval sin usos desde hace más de lustro. “No está muy bien –dijeron dos de ellos–. Queremos hacer una residencia de estudiantes. Muchos no pueden vivir en esta ciudad tan cara”. “Ni venir todos los días”. “Además, queremos dar clases de castellano y catalán a chavales, poner documentales, dar charlas…”. “Muchos venimos de la Asamblea Libertaria de la UB Raval, pero aquí hicimos una asamblea autónoma”. “Con el Ayuntamiento no hay problemas… Colau es súper de izquierdas…”. “Todo les parece bien… Ni siquiera nos denunció”.
El Ayuntamiento de Ada Colau tiene otros modos de encarar la usurpación de las propiedades públicas. Los currículos de muchos miembros de este gobierno lo auguraban. Fuentes municipales explican que los técnicos no detectaron problemas graves en Sant Bernat, que ya explicaron a los okupas que podrían permanecer allí mientras no montaran fiestas que molestaran, mientras que celebraran actividades abiertas a todos, hasta que se perfilara el uso definitivo del lugar. Caso de que no cumplan estas condiciones, el Ayuntamiento recurrirá a la vía judicial para desalojarlos. Y entonces esta historia terminará como terminó hace pocos días la de Transformadors. Ahora el desalojo exprés y la denuncia no son movimientos reflejos del Consistorio. Ahora la okupación de inmuebles públicos sin uso se ve como la oportunidad de aprovechar un espacio desaprovechado. Sólo hay que llevarse bien con los vecinos. La oposición municipal recela de esta actitud institucional. Lamenta que así se entorpezcan otros proyectos. Denuncia un efecto llamada.
Esta escuela del Raval aún está todo en el aire. El número 29 de la calle Horts de la Vila de Sarrià fue ocupada a finales de año. Entonces se abrió un proceso tan inédito como incierto. En noviembre fue el turno de la antigua comisaría de Gràcia. Sus vecinos denuncian que el Ayuntamiento los abandonó, que los orines, ruidos y fiestas están de- valuando el precio de sus viviendas, que el Consistorio no interviene porque teme que los okupas respondan quemando contenedores. En Transformadors, en Fort Pienc, el primer inmueble municipal oku-
Al menos cinco inmuebles del Consistorio están en otras manos
El lunes cayó Transformadors, en Fort Pienc, que fue tomado en julio
pado del mandato, en julio, todo salió mal. Fue desalojado el lunes.
La penúltima gran okupación municipal fue en diciembre, en Sarrià. Varios jóvenes se apropiaron del número 29 de la calle Horts de la Vila para denunciar la falta de equi-
pamientos. “Es gente comprometida –tecleó en Facebook el teniente de alcalde y edil del distrito Gerardo Pisarello–. Era una oportunidad. Enseguida nos reunimos”. “Entre todos podíamos encontrar nuevos modos de gestión comunitaria”. Este lugar tiene valor sentimental, es un vestigio del viejo Sarrià, fue el estudio del artista Joaquín Torres García. El Ayuntamiento lo compró a finales del otro mandato. Pisarello agregó que los arquitectos de una cooperativa comprobaron su estado, “y ayudaron a definir las reformas”. Fotos en Twitter muestran los trabajos de los jóvenes. Su maltrecho aspecto exterior contrasta con el del apañado interior.
“Hace años que los jóvenes reclaman un espacio, y que el vecindario pide que esta casa sea un equipamiento –dice Gerard Lillo, de Casa Orlandai, la entidad que gestiona el centro cívico del mismo nombre–. No valoramos la okupación. Esta casa ya fue okupada hace años, y causó muchas quejas. Era cuestión de tiempo que volvieran a entrar. Si todo esto sirve para satisfacer otras necesidades del barrio… Las entidades de cultura popular también piden un espacio, y también se pidió que este lugar recuperara el legado de Torres García”. “Nosotros recogemos quejas de todo –tercia Eulàlia Marquès, de la asociación de vecinos–, y de la casa okupa no tenemos ninguna. Tampoco diremos qué nos parece. Esta casa lleva años cayéndose, y ha de ser un equipamiento. Y si el gobierno necesita un empujón para ponerse las pilas...”.
El experimento está fracasando en Gràcia. La comunidad de propietarios del número 203 de la Torrent de l’Olla denuncia que el 21 noviembre llamaron al 112 para denunciar que la antigua comisaría de la esquina, el equipamiento con el que comparten finca, estaba siendo okupado, que entonces podría haberse impedido, pero que nadie hizo nada. Aquella okupación fue la respuesta al desalojo del casal Tres Lliris. “Presentamos varias instancias en el Ayuntamiento para explicar que estamos desprotegidos –dice la presidenta Carme Morgades–, que nuestros pisos se están devaluando, que proliferan las micciones de personas y perros, que montan fiestas, que cuelgan pancartas en la fachada, que destrozaron el parterre para hacer un huerto, que están construyendo una cocina de cualquier modo, que no sabemos qué hacen con las conducciones de los suministros que compartimos... Pero el Ayuntamiento no nos hace caso”.
Aquí, explican fuentes municipales, el Ayuntamiento acordó con los okupas que no serían desalojados mientras garantizaran la seguridad del local, se esforzaran en mantener una buena relación con los vecinos y montaran actividades que repercutan de un modo positivo en el barrio, “actividades con retorno social”, subrayan las fuentes. “Sí, el Ayuntamiento dice lo del retorno social y pasa de nosotros”, sueltan muy indignados en la escalera del 203 de Torrent de l’Olla. “Y los okupas son muy majos. Nos envían invitaciones a sus paelladas, y luego notas disculpándose por las molestias”. “Y luego siguen haciendo lo que quieren”. “Parece recochineo”.
Pisarello quiere que la okupación de Horts de la Vila dé pie a otro modo de gestión vecinal
Vecinos de Torrent de l’Olla denuncian que el Ayuntamiento les abandona y desprotege
“El Consistorio teme que si los desalojan se pongan a quemar contenedores” “Nosotros nos reservamos el derecho de reclamar al Ayuntamiento una indemnización”. “Y la luz se la pagamos entre todos”.
La mayoría de ediles de la oposición denuncia que el gobierno de Colau dejó de defender los intere- ses del Ayuntamiento y los barceloneses. “Su inacción va contra el interés general de la ciudad –dice el portavoz de CiU, Joaquim Forn–, está dejando desamparados a un montón de vecinos”. “Nos preocupa el efecto llamada que puede producir esta política de no intervención”, añade Paco Sierra, de Ciuta- dans. Además, el popular Alberto Fernández exige la alcaldesa Colau que se deje de complejos y haga cumplir la ley, que está transmitiendo que en esta ciudad se puede hacer lo que se quiera, que poco a a poco se le amontonan los Can Vies. Esta crónica no recoge todas las usurpaciones de propiedades públicas de los últimos meses. Consejeros de distrito del PP explican que en la calle Isaac Albéniz, en la calle del Pont, en Sarrià y Sant Andreu, se produjeron otras. Allí los okupas prefieren no llamar la atención. Dicen que sólo quieren un techo. Además, este efecto llamada también está dando pie a llamativas conquistas de inmuebles privados. Hace pocas semanas, a plena luz del día, durante una manifestación, delante de agentes de la policía municipal, explican vecinos de la zona, activistas del Poble Sec que mostraban su duelo por la reciente muerte de un compañero y protestaban contra la especulación inmobiliaria okupa
ron el número 12 de la ronda Sant Pau, un edificio de pisos de 200 m2 que lleva años deshabitado. Ahora su fachada está cubierta por unas grandes pancartas que reivindican lo que llaman el poder popular. Además, el sábado pasado fueron tomados los antiguos cines Lauren de Sant Andreu, también cerrados desde hace un lustro. Allí los okupas montaron La Cinètika, un espacio anticapitalista, autónomo y feminista libre de alcohol. En este caso los terrenos son municipales, pero sometidos a una larga concesión en estos momentos en manos de varias entidades financieras.
CiU, Ciutadans y PP aseguran que la tolerancia municipal alimenta la impunidad
El edificio de la ronda Sant Pau está de nuevo okupado después de varios años
Los cines Lauren de Sant Andreu fueron tomados el sábado tras un festivo pasacalles