Campaña de la renta con fondo panameño
AYER se inició la campaña de la renta del 2015. Hasta el 30 de junio, los contribuyentes españoles podrán presentar su declaración y saldar así sus cuentas con la Agencia Tributaria. La novedad de esta campaña era la implantación de un nuevo sistema en red que debía facilitar los trámites. No dudamos que, en efecto, acabará facilitándolos. Pero la web de la Agencia Tributaria se colapsó ayer por la mañana, como suele en los albores de la campaña recaudatoria. Cada año, los contribuyentes más diligentes suelen toparse con problemas similares.
Pero quizás el factor distintivo de esta campaña no sea el mencionado, sino el contexto en el que se produce. Los periódicos destaparon el lunes el llamado caso de los papeles de Panamá. Esto es, la masiva filtración de documentos de un bufete panameño especializado en la creación de sociedades opacas y en las relaciones entre particulares o empresas de todo el mundo con los paraísos fiscales donde hallan acomodo, y ventajoso trato fiscal, capitales de diverso origen.
La coincidencia en el tiempo de estos dos hechos –el inicio de la campaña de renta y el estallido del caso de los papeles de Panamá, que anuncia una concatenación de revelaciones muy llamativas– invita a la reflexión. Porque entre los afectados por el caso panameño, además de financieros, deportistas de élite y celebridades, se encuentran numerosos políticos. Algunos de Latinoamérica, otros de Europa, otros de Asia. Y no pocos de ellos con responsabilidades de Gobierno que los han situado en la presidencia de sus países, o como primeros ministros. Anteayer mismo supimos, sin ir más lejos, que el premier islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, se había visto forzado a dimitir.
Huelga decir que este tipo de revelaciones produce un enorme desánimo entre los contribuyentes. En particular en estas fechas, cuando hacen cuentas y se ven obligados a desprenderse de más recursos para colaborar con el Estado. Cunde entre ellos la idea de que los que más tienen son los que gozan de más facilidades para eludir responsabilidades fiscales. Mientras que las clases medias y asalariadas son las que cumplen, inexorablemente, con sus obligaciones tributarias.
Podrá decirse que la mencionada contribución es limitada. Cierto. En la campaña del 2014 se recaudaron 7.574 millones de euros (que deben añadirse a los 70.000 de las retenciones a cuenta previas). Siendo una cantidad respetable, no resuelve los problemas de tesorería del país. Por el contrario, una regulación más estricta de capitales que frecuentan los paraísos fiscales produciría ingresos muy apreciables para las arcas públicas. Algo conveniente en toda coyuntura, y más en esta, cuando los servicios públicos han sufrido –y sufren– las dentelladas derivadas de la crisis.
La desigualdad progresa en el mundo a velocidad muy preocupante. Sus consecuencias son ya patentes para las clases menos favorecidas. Pero, a medio plazo, pueden acabar siendo también muy inconvenientes para las clases acomodadas. Los gobiernos deben actuar sin demora para contener y corregir un estado de cosas como el que revela el caso de los papeles de Panamá. Y si no intervienen los gobiernos nacionales, deben hacerlo las instancias europeas. No se trata únicamente de resarcir a quienes se consideran perjudicados y de castigar a quienes abusan de su posición. Se trata, principalmente, de poner a salvo el sistema de unas irregularidades cada día más graves que amenazan su futuro.