Multas para las compañías que corten luz, gas o agua a hogares vulnerables
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recuperó ayer el perfil de activista y agitadora social que la dio a conocer, al anunciar que el Ayuntamiento multará a las compañías que incumplan la ley y corten la luz, el gas o el agua a familias vulnerables. Colau, que reconoció no tener estadísticas fiables por la “opacidad del sector”, aventuró que “entre el 7% y el 10% de los hogares de Barcelona podrían sufrir pobreza energética o riesgo de cortes de suministros básicos”.
¿Cómo lo sabe? Por pistas como las que aportan quienes acuden a los servicios sociales o por datos incontestables, como el hecho de que las ayudas económicas a hogares con pobreza energética se incrementaran hasta los 778.000 euros en el 2015 (un 22% más que en el 2014) y que se beneficiaran de estas ayudas 5.062 familias (un 24% más). Según Colau, las propias empresas suministradoras reconocieron el pasado noviembre, cuando se reunieron con el Ayuntamiento, un “elevado número de cortes de suministro”, aunque sin especificar si correspondían a “comercios, segundas viviendas u hogares vulnerables”. También “admitieron la existencia de la pobreza energética invisible, que afecta a familias que han sido de clase media y que no piden ayuda”. Las fuentes aludidas negaron ayer que los cortes se pro- duzcan si los afectados tienen informes de servicios sociales que acrediten su situación y apelaron a los acuerdos suscritos en este sentido con el Àrea Metropolitana.
Colau compareció flanqueada por las tenientes de alcaldía Janet Sanz y Laia Ortiz. Las tres pusieron como ejemplo de buenas prácticas (“necesarias, pero no suficientes”) a Agbar, aunque las tarifas del agua han subido un 66% en los últimos cinco años (la electricidad, un 60%). Pero, a diferencia de otras firmas, Aigües de Barcelona “se corresponsabiliza del problema y tiene un fondo de solidaridad que va más allá del bono social”.
En la rueda de prensa se pidió la “soberanía energética” y se oyeron afirmaciones que irritaron a las compañías, como que “atentan contra los derechos humanos”. Lo paradójico de la cuestión es que en el fondo lo que el gobierno municipal reclama es el cumplimiento de la ley 24/2015, que garantiza o debería garantizar que nadie en riesgo de exclusión sufra cortes de suministros. Las compañías aludidas, que siguieron el acto a través de internet, desmintieron las acusaciones y afirmaron que cumplen la ley, aunque esta aún carece de las normas que la desarrollen, como también admite el Ayuntamiento.
“Entre el 7% y el 10% de los hogares podrían sufrir pobreza energética o riesgo de cortes de suministros”