Fianza de 1.600 millones para nueve exgestores de la CAM
Fianza de casi 1.600 millones para los ocho exdirectivos acusados de estafa
La juez envía a juicio a la excúpula de la caja por la quiebra de la entidad
La quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) va a llegar en breve a juicio. La juez encargada del caso, Carmen Lamela, dictó ayer la resolución que abre esta fase del proceso, la del juicio oral, indicando el camino del banquillo a ocho exdirectivos de la entidad para los que fija una fianza de responsabilidad civil cifrada en 1.592,4 millones de euros, por los daños que causaron a la caja con su gestión. En marzo del 2011, la CAM dijo tener unos beneficios de 38,9 millones de euros y tres meses más tarde las cuentas reflejaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
La magistrada considera que dichos exdirectivos, cinco de los cuales los cuales se atribuyeron impor- tantes pensiones mientras la entidad viajaba hacia el naufragio, cometieron diversos delitos, según los casos, pero con el común denominador de los de estafa y falsedad documental. Todos ellos disponen de un plazo perentorio, de 24 horas, para hacer frente de forma conjunta a la fianza. La resolución atribuye al Banc Sabadell –que adquirió la CAM por el precio simbólico de un euro– y a la Fundación de la propia caja la responsabilidad civil subsidiaria, al tiempo que menciona a la aseguradora Caser como responsable civil directa por la cantidad que asegurara. Fuentes del Banc Sabadell informaron ayer de que han pedido una aclaración al juez sobre este aspecto ya que la entidad considera que sólo sería responsable de unos 10 millones de euros. Otros 10 millones corresponderían a Funda- cion CAM y 40 millones los asumiría la póliza de Caser.
El fiscal atribuye a los ocho acusados, entre ellos el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en el 2010 y 2011. El fiscal añade otros delitos en función del papel desempeñado en la caja por cada uno de los ocho acusados. López Abad y otros cuatro exdirectivos fueron quienes se adjudicaron prejubilaciones por valor de 12,8 millones de euros.
Además de los mencionados, están acusados el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb; el ex director general de Recursos Vicente Soriano; el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el
La magistrada los acusa de presentar en el 2011 beneficios por 40 millones, cuando las pérdidas eran de 1.136
exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno. Como cómplices de falsedad contable, la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa de 144.000 euros. En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y multa de 81.000 euros. La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados.