Un grave problema de Estado
EL Gobierno ha tensado demasiado las cuerdas con el ajuste fiscal exigido a las comunidades autónomas. A la hora de pasar cuentas se ha visto que sólo tres de las diecisiete han podido cumplir en el 2015 con los objetivos de déficit público que les impuso el Ministerio de Hacienda.
Cuando una norma se incumple de forma tan masiva, lo más probable es que la responsabilidad principal resida en defectos de la propia norma. No hay indicios de que el desfase presupuestario haya respondido a una voluntad manifiesta y coordinada del conjunto de autonomías. Ahora, en cambio, sí que las comunidades autónomas, con Catalunya a la cabeza, se han puesto en pie de guerra contra las nuevas exigencias de ajuste de gastos que ha realizado el Ministerio de Hacienda –cuyo titular está en funciones– para que cumplan este año con los objetivos de déficit público establecidos, que todavía son mucho más rigurosos.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha puesto en contacto ya con cinco presidentes de otras tantas autonomías (Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Andalucía) para articular un frente común contra las nuevas exigencias de contención del gasto porque, como afirman literalmente, no pueden recortar ni un euro más sin provocar graves daños en la educación, la sanidad y los servicios sociales, que son las principales competencias que atienden. Cada comunidad, de acuerdo con la ley de Estabilidad Presupuestaria, debe presentar su propio plan financiero de ajuste en un plazo de quince días bajo el riesgo de que Hacienda las pueda intervenir, una medida coercitiva que además contaría con el visto bueno de las autoridades de la Comisión Europea.
Sin embargo, el hecho es que si las autonomías no pueden cumplir con sus objetivos de reducción de déficit, el problema ya no es sólo de ellas sino que se convierte en un grave problema de Estado, tanto económico como institucional. Hay que buscar una salida a esta situación lo más rápido posible, para evitar que la imagen de descontrol fiscal que se ofrece trascienda las fronteras y lesione la confianza en el país de los mercados financieros y de las instituciones europeas.
España tiene su soberanía hipotecada por el enorme volumen de deuda que acumula, que se acerca al 100% del producto interior bruto (PIB), y que está contraída en su mayoría con acreedores internacionales. Si no fuera por las masivas compras de deuda pública que realiza el Banco Central Europeo (BCE), dentro de su estrategia para reanimar la economía europea, la desconfianza generada por la crisis fiscal con las comunidades autónomas habría disparado la prima de riesgo y, en estos momentos, el país en su conjunto tendría un serio problema de solvencia. Los tipos de interés de la deuda se habrían encarecido y se habría recortado aún más el margen de maniobra presupuestario.
Unos y otros están obligados a negociar de inmediato para lograr un acuerdo global que equilibre los sacrificios entre la Administración central y las autonomías, en el horizonte de un nuevo sistema de financiación. En cualquier caso, todo indica que serán necesarios importantes esfuerzos por ambas partes si la Unión Europea no acepta flexibilizar el objetivo de déficit público exigido para este año al conjunto del Estado, que es del 2,8% del PIB. Renegociar con Bruselas un mayor margen de maniobra fiscal que sea compatible con el crecimiento de la economía y del empleo se vislumbra, por tanto, como la primera tarea del futuro gobierno para reducir las actuales tensiones.