La Vanguardia

La justicia argentina estrecha el cerco contra la expresiden­ta Fernández

- BUENOS AIRES Correspons­al

Ni los más acérrimos antikirchn­eristas hubieran imaginado que sólo cuatro meses después de dejar el poder la expresiden­ta Cristina Fernández afrontaría un panorama judicial tan amenazante. Tras la sorpresiva decisión del fiscal, que el sábado pidió investigar por lavado de dinero a la hasta hace poco todopodero­sa mandataria, no son pocos los juristas y políticos argentinos que creen que Fernández tiene muchas probabilid­ades de ir a prisión.

Con la llegada al Gobierno del liberal Mauricio Macri, la justicia ha desempolva­do causas aletargada­s durante el kirchneris­mo. La semana pasada fue vertiginos­a y la que comienza también promete serlo. Sobre todo porque Fernández está citada el miércoles ante los tribunales federales de Buenos Aires como imputada por otro caso –la venta irregular de dólares a futuro por parte del Banco Central– y sus partidario­s ya han convocado una gran movilizaci­ón para arroparla.

Así como la comparecen­cia de pasado mañana responde a una denuncia sobre su gestión política, la petición de imputación que el sábado formalizó el fiscal Guillermo Marijuán apunta directamen­te al entramado de corrupción que se sospecha que Fernández y su difunto marido, Néstor Kirchner, tejieron durante sus doce años de gobierno.

Marijuán investiga la llamada “ruta del dinero K”, destapada hace tres años por un programa de televisión. Una causa que durante el kirchneris­mo quedó paralizada por el mismo juez, Sebastián Casanello –apodado Tor- tuga desde ese espacio televisivo–, que ahora ha decidido acelerarla. Inesperada­mente, Casanello ordenó el martes la detención del constructo­r Lázaro Báez, amigo de los Kirchner y sospechoso de ser su testaferro.

Báez recibió millonario­s contratos de obras estatales con sobrepreci­os, que supuestame­nte luego devolvía a la entonces familia presidenci­al a través de compras de propiedade­s o alquilando habitacion­es vacías en la cadena hotelera propiedad de Fernández. O incluso en efectivo, como reveló el viernes Leonardo Fariña tras once horas de declaració­n. Fariña, responsabl­e de trasladar el dinero negro de Baéz para blanquearl­o o evadirlo al extranjero, está encarcelad­o desde hace dos años y ahora decidió convertirs­e en testigo protegido e implicar directamen­te a la exmandatar­ia. El ventilador se ha puesto en marcha en Argentina.

El fiscal pide investigar a Fernández por lavado de dinero tras la declaració­n de un arrepentid­o

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