El ‘dedazo’ judicial
Conservadores y progresistas vuelven a chocar por el sistema de elección de los puestos de mando en la carrera
Las aguas vuelven a bajar revueltas en la cúpula judicial a cuenta de los últimos nombramientos de jueces para puestos clave en la carrera. Hay una lucha por el poder entre conservadores y progresistas. Se ha visto con claridad en la reciente elección del magistrado Antonio Recio como presidente de la Audiencia de Barcelona. Le respaldó en bloque la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la magistratura. Y la minoría progresista ha puesto el grito en el cielo.
El motivo de la protesta es triple. La denuncia es que Recio se ha impuesto a su rival Angels Vivas –que firmó el manifiesto de 33 jueces a favor del derecho a decidir–, porque el Consejo ha hecho un ejercicio de discriminación ideológica, de género y profesional.
La mayoría conservadora de esta institución se defiende con el argumento de que el elegido era, en pocas palabras, el más idóneo para el cargo. José María Macías, miembro de dicho sector, asegura que no se tomó en consideración el hecho de que Vivas hubiera firmado el manifiesto soberanista.
El sector progresista estima, en cambio, que la adhesión de esta magistrada al derecho a decidir fue determinante para frenar su candidatura, por lo que la resolución será recurrida ante el Tribunal Supremo (TS). Lo que está en discusión, en suma, es si la cúpula judicial actúa con criterios objetivos al proveer los cargos más importantes de la carrera, o se deja llevar por prejuicios, filias y fobias.
Roser Bach, vocal del Consejo adscrita a la minoría progresista, considera que es significativo el número de casos en que el sector mayoritario ha actuado como “un rodillo”, imponiendo a sus candidatos. Por eso ha habido ya más de un recurso ante el Supremo, que acaba de anular el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Miguel Pascual de Riquelme. Esta decisión se ha tomado precisamente con el argumento de que el Consejo del Poder Judicial no fundamentó suficientemente los motivos de su elección. En otras palabras, que pudo ser arbitraria.
El dedazo judicial habría funcionado para la provisión de puestos clave, según argumentan los jueces progresistas. Por ejemplo, para impedir que Miguel Ángel Gimeno siguiera al frente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Es frecuente enlazar dos mandatos. Pero Gimeno se quedó en uno y no revalidó el cargo. Es un caso similar al de José Manuel Sieira, que no fue reelegido para continuar al frente de la Sala de lo Contencioso del Supremo tras su primer período.
Los conservadores sostienen que la izquierda judicial se queja de puro vicio. Su tesis es que los progresistas estaban mal acostumbrados, porque en etapas anteriores las asociaciones judiciales pesaban mucho. En otras palabras, que colocaban a su gente. Y se dan datos al respecto. El actual Consejo ha hecho 112 nombramientos entre diciembre de 2013 y enero de 2016. De ellos, 34 correspondieron a jueces no asociados. Del resto, 37 pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura
El Supremo acaba de anular la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
(APM) –que reúne al 23,8% de los miembros de la carrera–, mientras Jueces para la Democracia (JpD), la izquierda judicial, se ha alzado con 28 puestos –con un 9,9% de afiliados–, y la asociación Francisco de Vitoria, los centristas de la judicatura, ha accedido a 17, cuando sus afiliados representan un 13,6% del total.
En conclusión, la derecha judicial sostiene que actúa con criterios de mérito y capacidad, y la izquierda de la judicatura mantiene con la misma firmeza que los puestos clave caen siempre del mismo lado, el de los conservadores. La anulación del nombramiento del presidente del TSJ de Murcia revela, en todo caso, que el Supremo ha lanzado un aviso, ejerciendo un papel arbitral, para asegurar que cada elección se justifique con argumentos sólidos, y no por simples preferencias ni motivos insostenibles o, peor aún, inconfesables.