Iberdrola se decanta por el cierre definitivo de Garoña al no ser rentable
El anuncio causa sorpresa en el CSN, que elabora un informe para poder reabrirla
Los propietarios de la central nuclear de Garoña se inclinan por tirar la toalla y renunciar a la reapertura de la planta burgalesa, pese a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está ultimando un examen que podría concluir en un permiso para prorrogar su actividad 17 años y alargar su vida útil hasta el 2031. La planta está parada desde diciembre del 2012, pero sus propietarios solicitaron una autorización para reanudar su funcionamiento, por lo que se estaba a la espera que en el mes de julio el CSN concretara las condiciones para su reapertura. El gobierno de PP ha puesto todo el empeño y ha dado todas las facilidades para propiciar la reapertura de la central; pero, por ahora, sin éxito.
José Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía Iberdrola, copropietaria junto con Endesa de la central burgalesa (a través de Nuclenor), comunicó el pasado jueves a los sindicatos que “habrá que cerrar Garoña, puesto que no es viable” en las actuales circunstancias. El secretario de CC.OO. en Iberdrola, Modesto Fernández, afirmó que Sánchez Galán les comunicó que “el coste de las inversiones que tenían que hacer eran tan caras que no les salían a cuenta hacerlas teniendo en cuenta los ingresos que podrían obtener”, según declara el sindicalista a este diario. “Nos dijo claramente que la planta no es rentable. Pero no dio plazos. De todas formas, el cierre definitivo de la planta depende de la decisión del Gobierno”, añade Modesto Fernández. En Garoña trabajan actualmente unos 400 trabajadores, dedicados a las tareas de mantenimiento. El mi- nistro de Industria, José Manuel Soria, afirmó que “no hay ninguna petición” de cierre de la central.
El anuncio del presidente de Iberdrola ha sido acogido con una mezcla de sorpresa y cierto mal humor en el CSN, pues los funcionarios “llevan miles de horas” trabajando para evaluar los nuevos requisitos exigidos a la planta. Cunde la impresión de que su trabajo se ha hecho en balde si realmente la empresa propietaria no tenía verdadera intención de reabrir. El malestar procede de hecho de que “da la impresión que Iberdrola ha utilizado el CSN como un banco de pruebas para ver en qué condiciones era rentable continuar su actividad”, añadieron las mismas fuentes. Las condiciones apuntan a que la reapertura de la planta comportaría una inversión de unos 200 millones de euros.
Esto ocurre semanas después de
La inversión en mejoras de seguridad para reanudar su actividad ronda los 200 millones de euros
que todos los grupos políticos y ecologistas, salvo el PP, hicieran pública una carta en la que instaba al CSN a aplazar el proceso de evaluación para reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta que se conformara el nuevo Gobierno. Estos partidos argumentan que debía ser el nuevo Ejecutivo el que tomara una decisión. El CSN, sin embargo, ha continuado su procedimiento, en línea con la voluntad del Gobierno, que tiene una clara mayoría de consejeros en su misma posición (cuatro de cinco partidarios de renovar la autorización 17 años).
Garoña obtuvo en el 2009 una prórroga de funcionamiento de cuatro años en el 2009 por parte del PSOE (de manera que podía seguir funcionando hasta el 2013). Sin embargo, decidió paralizar unilateralmente su funcionamiento en diciembre del 2012, disconforme con las tasas a la generación de residuos radiactivos que debía pagar a partir del 2013. Luego, el gobierno cambió la reglamentación para que la central, aún estando parada, pudiera pedir una renovación de su actividad. El portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, aseguró que hay “tantas incertidumbres técnicas que la operatividad de la central de Garoña no está garantizada, ni con un funcionamiento de 60 años. Cualquier fallo comportaría gastos extras que impedirían amortizar la inversión”.