El voto de los extranjeros
Los inmigrantes legales deberían poder beneficiarse de los derechos políticos
De los siete millones y medio de habitantes que tiene Catalunya, poco más de un millón son extranjeros, la mayoría de los cuales –cerca de 800.000 mayores de edad– no pudieron votar en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Trasladando estos guarismos al Estado español, en las últimas elecciones generales, cuatro millones de ciudadanos extranjeros en edad de votar tampoco pudieron acudir a las urnas el pasado 20 de diciembre.
El colectivo de inmigrantes más importante en Catalunya es el marroquí, con 222.181 residentes, seguido del rumano, con 98.000. En España, las dos comunidades se acercan a los 750.000 residentes cada una. En los dos ámbitos geográficos, detrás de los marroquíes y los rumanos, encontramos a los residentes comunitarios, a los sudamericanos, africanos y asiáticos.
Las cifras oficiales indican que durante los primeros años de la crisis, el número de residentes extranjeros se mantuvo estable; pero desde el 2013 ha ido a la baja, sobre todo por las salidas de inmigrantes hacia otros países o hacia su lugar de origen, pero también a causa de las nacionalizaciones.
Para los sindicatos, la participación política y el derecho de voto de los extranjeros es una cuestión que tarde o temprano se tendrá que abordar con seriedad y amplitud, porque no es normal que miles de personas residentes en España no puedan elegir a sus representantes políticos.
El derecho al voto no debería ser sólo una prerrogativa de todos los ciudadanos: también debería ser un mecanismo de integración, de participación y de concreción democrático. Los inmigrantes legalizados que hace unos años viven entre nosotros y están al corriente de los deberes fiscales tendrían que beneficiarse de los derechos políticos como los españoles.
Mientras no se cambie la Constitución, la ley restringe el derecho de sufragio de los extranjeros a las elecciones locales, en caso de acuerdos de reciprocidad con otros países. Para hacerse una idea del volumen de ciudadanos excluidos, sólo hay que recordar que tanto los rumanos como los marroquíes residentes superan a los habitantes de las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria o Navarra.
La adjudicación del derecho a votar sería un eficaz antídoto que evitaría la utilización electoralista –y a veces racista– de la inmigración. Si los extranjeros en situación legal consolidada pudieran votar, los políticos seguro que harían otro discurso para captar nuevos votantes. Tal como declaraban recientemente a La Vanguardia las escritoras amazigs Najat el Hachmi y Laila Karrouch (las dos residentes a Catalunya y que escriben sus libros en catalán), el derecho de los extranjeros a votar, en este caso los marroquíes, evitaría la aparición de líderes fantasmas que nadie ha escogido y que desde hace tiempo se erigen unilateralmente en representantes de este colectivo.